Intimaron al Gobierno porteño por las personas en situación de calle ante el Covid-19

“Quedate en tu casa”, es la consigna que difunde la máxima autoridad porteña, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de la pandemia de coronavirus y ante el decreto presidencial de aislamiento obligatorio. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires hay más de siete mil personas que no tienen casa. Ante este panorama, la Justicia de primera instancia intimó al Ejecutivo local a que informe en un plazo de cinco días qué medidas tiene previstas en la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 para las personas en situación de calle y en riesgo.

Según consignó el portal I-Judicial, el titular del Juzgado n° 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Guillermo Scheibler, intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en el plazo de cinco días remita los actos de creación y modificación del Programa Buenos Aires Presente, del Plan Prevención del Frío y Plan Prevención del Calor, y el Programa Atención para Familias en Situación de Calle, así como los que dan cuenta de sus tres últimas afectaciones presupuestarias.

Asimismo, el Gobierno porteño deberá informar todas aquellas medidas que se hubieran adoptado o planificado con relación a las personas en situación de calle y en riesgo a estarlo en el ámbito de esta ciudad frente a emergencia sanitaria vinculada al COVID-19. Todo ello en el marco de las causas conexas «Suleiman, Lilyan Varina contra GCBA y Otros sobre Amparo» y «Donda Pérez, Victoria Analía y Otros contra GCBA sobre Amparo –Salud».

Un pedido por la población villera

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión difundió un pedido especial ante la eventual expansión y circulación local del virus en la población de las villas y asentamientos precarios, en los cuales también se ha expandido el dengue y la tuberculosis.

“En nuestros barrios las ambulancias no ingresan si no es con una fuerza de seguridad”, señalaron entre otros puntos en materia de derechos vulnerados para la población villera. Y apuntaron que “a esta injusticia social naturalizada, que evidencia una vulneración preexistente de derechos, se suma la epidemia de dengue en muchos barrios ante la falta de medidas preventivas por parte del Estado durante el invierno, y se agrega la eventual expansión y circulación local de un virus de alto contagio, y fuerte comorbilidad. Muchas de las medidas preventivas aconsejadas por las autoridades sanitarias gubernamentales en materia de dengue (no acumular agua) o en materia del coronavirus (lavarse las manos varias veces por día con agua y jabón, usar alcohol en gel, limpiar superficies de contacto frecuente con agua y lavandina, aislarse catorce días ante la presentación de síntomas, entre otras), resultan de imposible o de muy difícil cumplimiento, en barrios donde existe un fuerte déficit de agua potable, de calidad de agua segura, y donde muchas personas viven en los pasillos de los barrios sin acceso a condiciones elementales (adolescentes y jóvenes afectados por el paco, por ejemplo), y solamente acceden a la alimentación a través de comedores comunitarios”.

Y agregaron: “Desde esta Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión queremos expresar nuestra alta preocupación al no visibilizarse una política pública destinada a determinar cómo se dará cumplimiento a las medidas preventivas sanitarias que difunden las autoridades gubernamentales, tendientes a resguardar el derecho a la salud de la población de nuestros barrios, donde existe una vulneración preexistente de los derechos sociales”.

Entre otros pedidos concretos, solicitaron ampliar los días (a sábado, domingo, y feriados) y los horarios de atención de los Centros de Salud cercanos a estos barrios; como también contemplar que los módulos hospitalarios móviles —anunciados por las autoridades nacionales—, se ubiquen en las cercanías de villas y asentamientos.

“Existe una responsabilidad comunitaria, y de la propia iglesia cristiana, que llevamos adelante promoviendo y articulando acciones. Sin embargo, la responsabilidad estatal no puede diluirse ni eximirse por el trabajo de muchas vecinas y vecinos que ponen el cuerpo a quienes más sufren en las villas y asentamientos”, enfatizaron en un comunicado que lleva la firma de: Presbítero José María “Pepe” Di Paola; Presbítero Lorenzo “Toto” De Vedia; Presbítero Carlos “Charly” Olivero; Hermano salesiano Mario Daniel “Coco” Romanín; Hermana Cecilia Lee; Hermana Yolanda Galka; Hermana Marta Pelloni; María Elena Acosta; Ángela García Elorrio; Gustavo Barreiro; Dr. Alberto Palacio; y Dr. Gustavo Daniel Moreno.