Empleados de la Ciudad denuncian que son presionados para sumarse al "voluntariado"

La semana pasada se viralizó un audio de un funcionario del Ministerio de Hacienda de la Ciudad en el que les decía a los trabajadores: "Les bajo la línea en términos más suaves, pero se convirtió en la prioridad número uno cuidar a los viejos. Los llamados van a tener que hacerlos desde sus teléfonos, los financian con los sueldos que están cobrando y no están haciendo nada, ¿okey? La alternativa es reducción de sueldo o tomar una decisión más drástica. No lo tomen como una amenaza, simplemente como una obligación civil que tenemos como empleados públicos. Todos tienen que llamar, el que no llama, se va".
 
Muchos trabajadores y trabajadoras estatales denuncian que desde que empezó la cuarentena las actividades de voluntariado que el Gobierno porteño impulsa para enfrentar la pandemia no son tan voluntarias. Por el contrario, son estatales con contratos precarios, quienes se ven obligados a cumplir estas tareas "voluntarias" por miedo a quedarse sin trabajo.
 
"Mi primer 'no' fue cuando nos convocaron a hacer las visitas a los hoteles. El segundo fue cuando nos preguntaron si podíamos participar de los vacunatorios. Siempre nos resaltaban que era voluntario y yo decía que no porque tenía en mi casa un familiar en estado de riesgo. Ya la tercera vez, cuando nos pidieron que empezáramos con los llamados, dieron por entendido que iba a participar", cuenta a Página 12 una joven trabajadora del Ministerio de Cultura porteño.
 
"La gente está nerviosa, con miedo a perder el trabajo si se niega a participar. Acá somos todos monotributistas y, si bien en nuestra área no llegaron audios del estilo de Hacienda, sí recibimos presiones, aunque más maquilladas", explica otra trabajadora del Ministerio de Cultura.
 
Las tareas que los y las trabajadoras estatales están obligadas a cumplir se inscriben en los programas de voluntariado que el Gobierno porteño impulsó cuando comenzó el aislamiento social obligatorio: atender los hoteles en los que se hospedan los argentinos repatriados, ayudar a coordinar los centros de vacunación, repartir viandas en escuelas y trabajar en un call center que brinda información a las y los adultos mayores. En un principio, explicaron las denunciantes a Página 12, la participación era genuinamente voluntaria. Pero, a medida que el tiempo pasaba y muchos se negaban a participar por el miedo a la exposición al virus, la presión comenzó a aumentar. Así fue cómo comenzaron los aprietes.
 
"Llegaban millones de mensajes diciendo que teníamos que participar, diciendo que 'tal y tal' estaban 'en capacidad ociosa' y por lo tanto deberían anotarse. Toda la comunicación la manejaban por WhatsApp, nunca una hoja membretada o un protocolo", explican las trabajadoras. "Nos llegaban las ordenes a través de audios reenviados del gerente de área en los que decía que necesitaban voluntarios. Yo me negué porque mi compañero es de riesgo y ahí me empezaron a dar vueltas, a insistirme con que necesitaban gente y a jugar, de manera indirecta, con el hecho de que era contratada. Les dije que me enviaran el pedido por mail y nunca lo hicieron", narra una trabajadora del Ministerio de Educación que ahora se dedica a hacer llamados telefónicos a adultos mayores.
  
En el Gobierno de la Ciudad hay 18 mil contratados. Desde que comenzó la cuarentena, el Consejo Directivo de ATE recibió varias denuncias de trabajadores y trabajadoras de algunos ministerios y secretarías, como el Ministerio de Educación, el de Cultura, el de Hacienda y la Secretaría de Derechos Humanos. "Muchos no se animan a denunciar. Son trabajadores que tienen contratos que no son otra cosa que una forma de la precarización laboral y saben que, si se niegan a participar o si hacen alguna denuncia, lo más probable es que se queden sin laburo", indica a Página 12 Agustina Panissa, secretaria Adjunta de ATE Capital.
 
Además de las presiones y los aprietes, otro de los problemas son las condiciones en las que se realizan estos "voluntariados". Las trabajadoras denunciaron que, en más de un caso, algún "trabajador voluntario" se ofreció a asistir en alguno de los hoteles que la Ciudad que hospedan a los argentinos recién llegados del exterior y se encontró con que no había ni alcohol en gel ni barbijos. "Nos llegaban denuncias de que había deficiencias en insumos en algunas áreas esenciales. Los contratados no están cubiertos por la ART, si van a los hoteles y se contagian de coronavirus, ¿quién los atiende?", se pregunta María Sol Copley, delegada de ATE.
 
En el call center los trabajadores se dedican a comunicarse con los adultos mayores para suministrarles información sobre las condiciones de la cuarentena y realizar encuestas. Para realizar esta tarea, los y las trabajadoras deben usar sus propios teléfonos y deben cargar con el costo de las llamadas. Esto no sólo es un problema por el obvio gasto que representa para sus bolsillos, sino también por la desconfianza que genera entre los adultos mayores.
 
"Recabamos información personal e informamos sobre la línea 147. ¿Pero cómo constatan ellos que somos del Gobierno de la Ciudad? ", se pregunta una de las trabajadoras. "El primer día nos decían que pidamos DNI, barrio, edad, si vive con alguien. Es muy difícil preguntarle eso a un adulto mayor al que suelen querer estafar", continúa y agrega: "Nosotros tenemos que hacer 30 llamados por día y por lo general no te atienden o te cortan. Si no llegas a los 30 nos envían mensajes advirtiéndonos sobre nuestra productividad".
 
 
"La crisis sanitaria lo que hace es poner evidencia lo que ya estaba pasando en el Estado. Vemos con más claridad la crisis del sistema de salud o el faltante de alimentos en muchos barrios. Como el año pasado para las elecciones, volvemos a encontrarnos con un entramado de utilización de trabajadores del Estado para fines políticos o fines que no son propios de la tarea que tiene que cumplir los trabajadores. La gran planta de contratados de Larreta continúa funcionando como una fuente inagotable de militantes rentados y aprietes", concluye Panissa.