Ante la “inacción” del GCBA, la Justicia ordenó el testeo inmediato en un geriátrico de Devoto

Mientras los contagios crecen en la Ciudad, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Pablo Mántaras, ordenó testeos de forma inmediata en el geriátrico San Marino del barrio de Devoto. La medida responde a un amparo presentado por el dueño del establecimiento ante la sospecha de que una trabajadora podría haber contraído Covid-19 y la respuesta favorable del magistrado se centro en la supuesta “inacción” del Gobierno porteño a efectuar los testeos y brindar una respuesta adecuada a la justicia.

En el fallo y ante la crisis que afrontar los geriátricos porteños, el magistrado recomendó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta “evaluar un plan de testeos periódicos” para los pacientes y trabajadores de ese tipo de establecimientos. El dueño del geriátrico pidió la implementación de un protocolo urgente e inmediato de “testeos rápidos” semanales para la detección de coronavirus en todos los “residentes” y empleados del establecimiento.


En su denuncia, indicó que "la inacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afectaba la vida, la salud y al pleno goce de los derechos de las personas mayores”. Según el propio dueño, en el establecimiento hay 71 camas habilitadas, de las cuales 56 se encontraban ocupadas. Los empleados del geriátrico ascendían a 27, por lo que la comunidad de personas que interactúan en el establecimiento son 83.

El primer pedido para que realicen testeos en las personas que se alojan en el geriátrico se hizo el 14 de mayo ante la Directora General de Planificación Operativa del Ministerio de Salud porteño, mediante Carta Documento. Allí se pidió que se pusieran a disposición los medios necesarios para que, de manera urgente e inmediata, se realizaran testeos masivos de Covid-19 por PCR con frecuencia semanal (como mínimo) de todos los residentes y personal de trabajo de la institución geriátrica.

Ante los pedidos, desde el gobierno de la Ciudad argumentaron que “el requerimiento de la actora colisionaba con las políticas públicas de prevención que están llevando a cabo coordinadamente el Estado nacional y local, y recordó que, al deponer ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Ministro de Salud, Dr. Ginés González García, manifestó que ante esta pandemia se habían producido dificultades en la provisión de insumos médicos por la ausencia de oferta, por lo cual ante el faltante se debía ser por demás prudentes con su utilización, a fin de evitar un mal mayor”.

En su decisión, el juez Mántaras sostuvo que el gobierno de la Ciudad “no ha dispuesto la realización del test de la trabajadora, ni ha verificado que el establecimiento contara con infraestructura necesaria a fin de aislar al personal que hubiera tenido contacto con los casos sospechosos de COVID- 19, en cumplimiento del protocolo. Por el contrario, el GCBA no ha podido acreditar frente al requerimiento del Tribunal que ha brindado una respuesta adecuada y suficiente en sede administrativa”.

Según consignó Minuto Uno, la resolución indica que “se observa que la inacción de las autoridades sanitarias, contrastada con sus propios protocolos, tiene entidad para afectar de manera grave el derecho a la salud y a la vida de los residentes y trabajadores del centro “San Marino”, dice la resolución publicada por el sitio “ijudicial”.

El fallo establece que “corresponde ordenar al GCBA que, a través del Ministerio de Salud, evalúe la conveniencia de establecer un plan de testeo periódico del personal y residentes del establecimiento “San Marino”, con sustento en recomendaciones científicas o médicas y/o protocolos de actuación aplicables a los establecimientos”.