Reveses judiciales para Larreta en cuarentena: ordenan que provea internet en villas y medidas en paradores

En el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, el juez Andrés Gallardo ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que provea a todos y todas las estudiantes en condición de vulnerabilidad social un dispositivo que les permita continuar con la educación a distancia ante la suspensión de las clases presenciales.

Además, según consignó Página 12, el magistrado dispuso que el Gobierno porteño instale antenas que provean WiFi en todas las villas y asentamientos de la Ciudad. De no poder hacerlo, tendrá que entregar celulares con datos a los estudiantes de primaria que los necesiten.

La medida cautelar que firmó Gallardo fue solicitada por un conjunto de ONGs y sindicatos docentes, además de por legisladoras y legisladores de la oposición porteña. El sindicato UTE-Ctera planteó que la resolución 13, dictada por el Ministerio de Educación porteño, era restrictiva dado que limitaba la entrega de notebooks a quienes recibieran la AUH. En la causa se sumaron demandas de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Observatorio del Derechos a la Ciudad (ODC), quienes presentaron casos de familias de bajos ingresos que no cumplían con los requisitos para recibir una notebook y, sin embargo, la necesitaban para que sus hijos o hijas pudieran seguir estudiando.

En esa línea, también ingresaron a la causa como demandantes un grupo de madres y padres de distintas villas, que reclamaban una conexión de Wi Fi. Pusieron como ejemplo que habían instalado antenas para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lugano "y luego se las llevaron". A la causa también se sumaron como amicus curiae los legisladores Ofelia Fernández, Lorena Pokoik, María Bielli y Santiago Roberto, quien planteó:  "A raíz de la cuarentena y el cierre temporal de edificios públicos de la Ciudad, el Gobierno porteño se está ahorrando mucho dinero por los servicios de agua, luz y gas que no se están usando. Por eso proponemos que esos recursos extras se destinen al pago de la provisión de internet para los chicos y chicas más vulnerables para achicar la brecha digital, teniendo en cuenta que en este contexto no tener internet es no tener acceso a la educación. De esta manera, garantizamos que todos los niños y niñas tengan iguales derechos y oportunidades, sin importar en que barrio hayan nacido".

En su fallo, Gallardo consideró que "se desprende que luego de casi 3 meses de dispuesta la suspensión de clases presenciales, las autoridades locales no han instrumentado medidas concretas y efectivas que aseguren a todas y todos los alumnos y alumnas ese derecho, de poder continuar realizando desde sus hogares las actividades propias del ciclo lectivo que se encuentren cursando".

"El Gobierno porteño no explica de qué modo los niños y niñas que no tienen computadoras en sus hogares, y que no tienen acceso a Internet, podrían mantener contacto con sus docentes para continuar con el proceso de aprendizaje, con el lamentable resultado de una gran cantidad de estudiantes que desde hace casi tres meses se encuentran imposibilitados de realizar las actividades pedagógicas propias de los ciclos que cursan", indicó Gallardo.

Así, el juez ordenó que en un plazo máximo de cinco días entreguen dispositivos digitales (computadora portátil, notebook o tablet) a quienes sean estudiantes de una escuela pública o de una privada con cuota cero y se encuentren en situación de vulnerabilidad social (esto es, vivan en una villa o asentamiento, o sean sujetos de alguno de los programas sociales nacionales o porteños) "para acceder a internet y realizar las tareas escolares que garanticen su continuidad pedagógica en modalidad virtual o a distancia".

Por su parte, el juez Guillermo Scheibler ordenó que el Gobierno porteño entregue los protocolos, testeos, vacunaciones y alimentación que está proveyendo en los paradores y sitios de aislamiento para personas en situación de calle. Y dispuso que si no cuenta con esas medidas, deberá tomarlas de forma inmediata.

El fallo llega después de la muerte de Javier Macrino, una persona que había sido desalojada 72 horas antes de fallecer y que tenía síntomas que son compatibles con el coronavirus. La cautelar se dictó en base a una presentación judicial que hizo la legisladora Laura Velasco, luego del contagio masivo que llevó a cerrar el parador de Retiro.