Fuerte rechazo al intento de desalojo de más de 100 familias en medio de la pandemia del coronavirus

Ya pasaron los 100 de aislamiento social y obligatorio y la cuarentena se endurece en AMBA, sin embargo, desde la Justicia avanzan con el desalojo de las más de 100 familias que ocupan la Casa Santa Cruz, ubicada en Santa Cruz 140 en el barrio de Parque Patricios a pocas cuadras de la sede del Gobierno de la Ciudad. En ese sentido, la legisladora Ofelia Fernández denunció que “es una locura que en este contexto a la Justicia le preocupe más los posibles negocios inmobiliarios de una persona, que la garantía de una vivienda digna de muchos”.

Y agregó que “parece ser que el Gobierno está más ocupado en este tipo de cosas, que en garantizar que existan protocolos sanitarios que cuiden la salud y la vida las poblaciones que viven en hoteles y casas tomadas, donde Santa Cruz es un caso más de miles”. “Desde el Frente de Todos acompañamos a las familias en su legítimo reclamo por vivienda digna y presentamos un proyecto para que la Legislatura exprese su preocupación por el avance del proceso de desalojo de las más de 100 familias que viven en la Casa Santa Cruz”, anunció.

Por su parte, según consignó el medio Parlamentario, la referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y vecina de la Casa, Susana Ordoñez, dijo que “desde el día que resistimos al desalojo seguimos trabajando para encontrar una solución habitacional definitiva. Iniciamos un amparo colectivo y pedimos la suspensión del desalojo por 18 meses para trabajar en conjunto con el Gobierno de la Ciudad y de la Nación un proyecto que nos permita comprar el edificio y construir nuestras viviendas”.

También advirtió que “incluso en cuarentena estamos trabajando en esta perspectiva; pero de un día para el otro nuevamente el dueño, en complicidad con la Justicia, nos quieren dejar en la calle, en un contexto que como bien sabemos es sumamente delicado, ¿a dónde vamos a ir?”.

Las familias viven allí desde el 2002 por lo que han transformado lo que solía ser la sede social de una fábrica en un edificio de viviendas que alberga familias en situación de vulnerabilidad habitacional. En 2010, el edificio fue subastado y adquirido por Leonardo Ratuschny, un empresario dueño de varios hoteles. Desde ese momento las familias se enfrentan a un juicio de desalojo, que el 18 de septiembre de 2019 derivó en un intento de desalojo que fue resistido por las familias y organizaciones que acompañaron en el proceso.