¿Le importa a Larreta que se eduquen los pibes y pibas de las villas?

En la oleada de causas judiciales de alto impacto que viene experimentando el país, como si no tuviéramos suficiente con la pandemia global y la cuarentena, es lógico que quede perdida una noticia que, en la Ciudad, pinta cómo son a sus gobernantes y refleja la importancia que se le da a la educación de las clases populares. Sobre esto, nada nuevo: la pandemia y la forma que se encontró para combatirla no hacen más que acentuar todas las diferencias sociales, de género y de etnia que ya la preexistían. Esto se puede ver, aquí y ahora, con el derecho a la educación a distancia: no es lo mismo contar con una computadora y conexión a Internet por cable, que tratar de hacer la tarea desde un celular (con suerte). O no tener nada. El juez Andrés Gallardo ordenó avanzar en un plan para remediar la falta de conexión en las villas. El Gobierno porteño no lo cumplió, por lo que Gallardo creó un registro para ver cuántas personas necesitaban que el Estado les garantice el derecho a la educación. La respuesta fue recusar a Gallardo.

La causa comenzó por el reclamo de una serie de ONGs y de sindicatos docentes que indicaban que un sector de la población no estaba teniendo acceso a la educación a distancia. Presentaron distintos casos de distintas villas para ejemplificar esto. Pero es una realidad conocida: en los barrios populares, no hay servicio de Internet salvo en algunas zonas. Lo que se suelen usar son celulares y plan de datos. Que obviamente no aguantan cuando los tiene que usar una familia numerosa para todas las necesidades, incluida la educación a distancia.

Ante el reclamo de que el Estado intervenga, el Ministerio de Educación porteño me informó que llevan repartidas más de 4000 notebooks a préstamo. El juez Andrés Gallardo dispuso en una cautelar que organicen un plan integral para todo estudiante que necesite de un dispositivo para poder educarse: les ordenó que en un plazo máximo de cinco días entreguen dispositivos digitales (computadora portátil, notebook o tablet) a quienes sean estudiantes de una escuela pública o de una privada con cuota cero y se encuentren en situación de vulnerabilidad social (esto es, vivan en una villa o asentamiento, o sean sujetos de alguno de los programas sociales nacionales o porteños) "para acceder a internet y realizar las tareas escolares que garanticen su continuidad pedagógica en modalidad virtual o a distancia". Si la demanda excede la cantidad actual de dispositivos,  ordenó elaborar un plan para satisfacer a todos los demandantes, con un esquema de prioridades de entrega.

Además, Gallardo dispuso que el Gobierno porteño instale en las villas en un plazo de cinco días antenas para proveer Internet, de la misma forma que ya existen en plazas y espacios públicos. Si llegan a argumentan algún impedimento técnico, dispuso que tendrán que entregar "un dispositivo móvil con línea de datos a cada grupo familiar conformado por niños o niñas que concurren a establecimientos de nivel primario".

No obstante, el Gobierno porteño no cumplió ese fallo. Entonces, el juez Gallardo dispuso crear un registro judicial de todas las personas que requieren un dispositivo. Le llamó Registro Judicial de Estudiantes con Necesidades Informáticas no Satisfechas. En ese fallo, Gallardo remarcó que el Gobierno porteño “ha incumplido, a pesar del tiempo transcurrido desde el vencimiento de los plazos acordados, todas y cada una de las obligaciones que le fueran impuestas cautelarmente en el presente amparo colectivo". "En lugar de dar cuenta de la entrega efectiva de dispositivos informáticos a los alumnos. se concentró en reiterar conceptos ya vertidos al cuestionar la medida cautelar, relativos a la supuesta continuidad pedagógica y a las virtudes del material impreso (cuadernillos) que se habría entregado a los alumnos y alumnas, sin dar respuesta concreta a los reclamos formulados por los amparistas", advirtió el juez. El registro comenzó a funcionar de inmediato y ya tenía más de 80 inscriptos cuando el Gobierno porteño intervino y, por segunda vez en la misma causa, recusó al juez Gallardo. La recusación anterior solo demoró que la Cámara le devolviera el expediente. Es ganar tiempo a costa del derecho a la educación de las pibes y pibas cuyas familias no tienen los recursos para acceder a una computadora o que no viven en un barrio en el que puedan tener Internet (el uso por datos de celular es más caro, no más barato).

Entonces, la pregunta que cabe a esta altura de la soireé es: ¿a qué están jugando? ¿Les importa el derecho a la educación de estos estudiantes? ¿Por qué siguen demorando la implementación de un plan, cuando está claro que la pandemia se está comiendo buena parte del ciclo lectivo 2020? ¿No es mejor presentar algún plan de cómo le darán cobertura a todas las niñas y niños que tienen el derecho constitucional a recibir una educación?

No es la pandemia la que los deja sin escuelas. No es el coronavirus el que toma la decisión de no implementar las reformas técnicas mínimas para que estudien. No es la cuarentena la que impide poner Wi Fi como lo hicieron en plazas y otros espacios públicos. Son nuestros gobernantes. Y esta noticia los pintó de cuerpo completo.