La Justicia suspendió la obra de "Ciudad Palmera" en Caballito

Hace 40 días, en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio, comenzó la mega obra de los edificios promocionados como “Ciudad Palmera”, ubicados en avenida Avellaneda 1400, a aproximadamente 200 metros del Club Ferro Carril Oeste. Se trata del proyecto de shopping que desde el 2008 el macrismo intenta aprobar sin existo en la Legislatura porteña, incluso teniendo amplia mayoría legislativa.

Ahora, la Justicia porteña suspendió la construcción de viviendas y centro comercial en el predio de Avellaneda 1400, en el barrio de Caballito, el proyecto de IRSA y Portland que los desarrolladores inmobiliarios promocionan como Ciudad Palmera, informa Página 12.
 
El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 24, Darío Reynoso, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Consejo Consultivo 6, integrantes de la Junta Comunal y la Asociación Civil y Vecinal SOS Caballito, y ordenó suspender la obra hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el desarrollo se adecúe a la normativa vigente. El argumento principal del magistrado es que hay indicios de un Master Plan por el cual se van a construir miles de metros cuadrados más que los permitidos en esa área, lo cual pone en discusión los certificados ambientales otorgados de forma independiente para cada parcela del lote.
 
La decisión judicial pone freno a las obras en el predio en el que desde hace más de una década el grupo IRSA intenta construir un shopping. Proyecto que requería una rezonificación a través de una ley de la Legislatura y que no fue aprobado debido a la falta de los votos necesarios y a la oposición vecinal. Y que finalmente fue reemplazado por un desarrollo que contempla la construcción de un conglomerado de diez edificios de viviendas y oficinas, con comercios y cocheras en las cuatro parcelas en que fue dividido el terreno.
 
El magistrado advirtió tras incorporar una decena de páginas de imágenes del proyecto inmobiliario publicadas por los medios de comunicación, que "la forma en que es descripto el proyecto por los medios parecería configurar un plan maestro", para la construcción de varias edificaciones. Por lo cual, "difícilmente podría denominarse al proyecto como ‘Ciudad Palmera’ si sólo se tratase de dos edificios. Aun cuando quiera alegarse que es solo una política comercial de venta y publicidad del emprendimiento, la magnitud y envergadura del Master Plan, induce a pensar que por ello se le otorgó la denominación de ‘Ciudad'".
 
Por esta razón, cuestionó los certificados ambientales que se otorgaron a IRSA cuando dividió el predio en cuatro lotes y consiguió los permisos considerando a cada lote como un proyecto independiente. En este sentido, el magistrado señala que "de haberse tramitado el Certificado de Aptitud Ambiental por la totalidad del predio en su conjunto, arrojaría otro resultado la categorización del proyecto y la evaluación del impacto ambiental". Y advirtió que "las contradicciones que se advierten a lo largo del trámite de los Expedientes Administrativos en cuestión acerca de si se trata o no de un ‘Master Plan’ permite vislumbrar una posible irregularidad, en violación a la normativa que protege el medioambiente".
 
El proyecto supera los 2500 m2 de comercios permitidos en la zona, ya que contempla la construcción de aproximadamente 80.000m2 de centro comercial a cielo abierto, superando al shopping Alto Palermo.
 
“Nos vimos obligados a recurrir a la Justicia porque la obra de IRSA "Ciudad Palmera" no cuenta con factibilidad de los servicios públicos para construir 1188 viviendas, y además porque el shopping afecta a los comercios barriales y el empleo. A Larreta no le importa la salud de los vecinos y vecinas de Caballito, sólo cuida los negocios millonarios de sus amigos de IRSA”, expuso a Nueva Ciudad Osvaldo Balossi, miembro de Junta Comunal 6.
 
El integrante del Consejo Consultivo Martín Iommi dijo a Página 12 que "para evitar que el proyecto fuera tratado en la Legislatura, que es por donde debería haber pasado, cuatro directores generales del Gobierno porteño alteraron el sistema informático".
 
Según señaló a través de un comunicado el Consejo Consultivo Comunal y los comuneros que firmaron el amparo, esa maniobra en la que estuvieron involucrados funcionarios del "Sistema SIPSA de la Agencia de Protección AmbientalGCBA y Sistema Director de Obra DGFyCo-GCABA", fue descubierta por los comuneros del Frente de Todos Osvaldo Balossi y Agustina Quinteros; el Consejo Consultivo Comunal 6 y SOS Caballito, que derivó en el amparo donde se solicitó la nulidad de todos los permisos de construcción. La acción judicial patrocinada por Nadia Mileva Solodkow quedó radicada en el Juzgado de Reynoso bajo el expediente N° 4653/2020-0.