"El protocolo para los niños pobres", por Werner Pertot

La semana pasada el Gobierno nacional rechazó un protocolo que había presentado la Ciudad para permitir que un número de estudiantes (entre 5000 y 9000, sin precisiones) volvieran a las escuelas a utilizarlas para acceder a las computadoras que no tienen en sus casas. La iniciativa del Gobierno porteño apuntaba obviamente a estudiantes pobres y sin recursos, a los que se les viene negando el derecho a la educación desde marzo. Y para los cuales incluso hubo fallos judiciales favorables. Atención: esta historia del conflicto del protocolo para usar las escuelas como cibercafé viene de mucho antes que lo que se vio en las últimas semanas. En junio de este año, ya había habido una orden de proceder a entregar las computadoras a los estudiantes en lugar de hacerlos trasladarse hasta las escuelas rompiendo el aislamiento. Además, el presupuesto con el que contaba el Ministerio de Educación porteño para hacer eso mismo no fue ejecutado.

Dejemos en suspenso un segundo los dimes y diretes entre el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y su contraparte porteña, Soledad Acuña, y viajemos en el tiempo a junio de este año, cuando la cuarentena ya llevaba una cantidad de tiempo considerable y se hacía evidente que quienes no tenían conexión a Internet por cable (en las villas, lo común es usar el celular y el plan de datos), o no contaban con una computadora propia se habían caído del sistema educativo. En ese contexto, el juez Andrés Gallardo a pedido de los gremios docentes y otras ONG dictó un fallo en el que le ordenó al Gobierno porteño que, por un lado, instalara antenas de Wi FI para proveer Internet gratis en las villas y, por otro, entregara computadoras, tablets o el dispositivo que corresponda a todos los y las estudiantes que lo requirieran.

¿Cuál fue la respuesta a esto del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta? Recusó al juez no una, sino dos veces con el objetivo de frenar la causa todo lo posible. En el medio, Gallardo creó un registro judicial para que las personas se pudieran anotar y reclamar su computadora, que fue freezado en una acción de pinzas, que terminó con la Cámara desestimando los puntos centrales de la acción judicial y mandando cada familia a buscarse un abogado o abogada y hacer un juicio individual al Gobierno porteño. Si quieren computadoras, que les cueste.

Así que primer punto: el Ministerio de Educación porteño defendió con todo lo que tenía la decisión de no acatar ese fallo. Mientras tanto, según me decían, estaban entregando computadoras en préstamo, por lo que no se entendía la necesidad de negarse una y otra vez a lo que mandaba el Poder Judicial. O sí se entendía: no había intención de lanzar un plan para cubrir la totalidad del universo que se quedó sin conexión y, con la pandemia, sin educación.

Segundo punto: según reveló el periodista Gustavo Sarmiento en Tiempo Argentino, el Ministerio de Educación porteño subejecutó la partida presupuestaria que tenía disponible para comprar esas computadoras. Concretamente, ejecutó 1151 millones de los 3.332 que tenía presupuestados de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica, que es la que tenía la responsabilidad de ocuparse de equipar a los estudiantes para la pandemia.

Con estos dos datos sobre la mesa, ahora sí, volvamos al presente y a la discusión entre la Nación, la Ciudad y los gremios docentes. Ya vimos que desde el ministerio de Soledad Acuña se negaron a entregar computadoras casa por casa (pese a que ahora dicen que van a “salir a buscar a los estudiantes”, no sabemos bien para qué). El plan que elaboraron entonces, llamado “Conectate en la escuela”, consistió en reabrir 600 escuelas públicas (a las que se podían llegar a sumar igual cantidad de privadas) para que los estudiantes pobres y sin computadoras vayan y, en turnos de dos horas, usen las máquinas que están en las escuelas. Esto implica movilizar, por supuesto, a los estudiantes –que se calculaba que eran entre cinco y nueve mil-, pero también a padres y madres, docentes, no docentes, etcétera. Y todo, con suerte, caminando y no sumando volumen al transporte público.

Ese plan fue rechazado una y otra vez por los gremios docentes, a los que la ministra Acuña acusó de “hacer política”. El problema que tuvo la funcionaria es cuando intentó hacerlo pasar por el Gobierno nacional. Allí Trotta avisó que no iba a acompañar el retorno a usar las escuelas cuando los nuevos casos se cuentan de a decenas de miles por día. Y presentó un documento donde mostraba incongruencias del plan porteño:

* No cumple con 15 de los 33 requisitos que fueron acordados en el Consejo Federal de Educación.

* Tampoco aborda “cómo la apertura de las escuelas, como espacios digitales, contribuiría a la reducción del contagio, ya que habilita la movilidad de estudiantes, docentes y familias”.

* No explica de manera suficiente cómo concretar el distanciamiento físico, ni los traslados de los niños y adolescentes.

* Le falta claridad en las funciones de los docentes.

Trotta acusó a los funcionarios porteños de presentar versiones incongruentes del plan en los medios y en las presentaciones formales. Acuña le respondió que hace una semana se habían reunido y no había tenido problemas con ese plan. Y dijo que pensaba insistir hasta conseguir reabrir las escuelas. Le reclamó a Trotta una reunión de la que participaran también los responsables de Salud de Nación y Ciudad. El ministro nacional le cambió el eje y la citó a un encuentro con las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires para pensar la reapertura de clases en el AMBA que, todos tienen claro, no será pronto. Acuña seguirá en los próximos días insistiendo en que le permitan reabrir las escuelas, y Trotta no parece estar dispuesto a ceder: “La solución no es readecuar e insistir en una propuesta que no resuelve las cuestiones pedagógicas y sociales”, dijo tras el último encuentro, donde accedió a sumar a la Ciudad de Buenos Aires al reparto de computadoras nacionales que, inicialmente, estaba dirigido a distritos menos favorecidos.

Diversos legisladores del Frente de Todos volvieron a insistir en que la solución es llevar las computadoras a los estudiantes y no llevar los estudiantes a las computadoras. En ese diálogo de sordos, al parecer, se va a seguir, mientras miles de personas siguen sin su derecho a la educación a raíz de su condición socioeconómica.