Los clubes de barrio más vulnerables tendrán beneficios

El reclamo que sostienen los clubes de barrio por su delicada situación económica, principalmente desde la cuarentena por el Covid-19, cuando tuvieron que cerrar sus puertas, comenzó a encontrar respuestas en los organismos que los controlan. La Inspección General de Justicia (IGJ) atendió esos requerimientos, y desde el miércoles próximo entrará en vigencia la nueva resolución que beneficia a las entidades.
 
El denominado “Plan de Regularización de Asociaciones Civiles” se creó a partir de las necesidades que plantearon los clubes, al encontrarse en una situación de extrema dificultad para seguir funcionando.
 
En ese aspecto, las normas generales N° 1 y N° 7 de la nueva resolución facilitarán la formalización como personas jurídicas, mediante la obtención de la autorización para funcionar e inscribirse sin costo alguno.
 
“Nos hicimos cargo de algo que los clubes venían denunciando, y pudimos dar vuelta lo que se venía haciendo”, explicó a Página 12 Luis Calcagno, Director de Entidades Civiles en la IGJ. Y aclara que con esas dos resoluciones “se limitan una serie de exigencias en la etapa de constitución, lo cual es muy beneficioso para ellos”.
 
Además, otro punto a favor de los clubes radica en que como la gran mayoría de los estatutos sociales fijan como fechas de cierre de los ejercicios económico-financieros el 30 de junio o el 31 de diciembre de cada año, y que se fija en cuatro meses posteriores el término para convocar a asamblea ordinaria, se estableció como plazo de vencimiento de una primera etapa del plan de regularización el día 30 de abril de 2021.
 
“Las entidades deberán presentar los estados contables y comunicar a las asambleas de asociados respectivas, correspondientes a los últimos cinco vencimientos anuales. Esto no le ocasionará ningún perjuicio de presentaciones de documentación correspondiente a períodos anteriores, que voluntariamente quisieran aportar. En cualquier caso, todo ello será sin costo arancelario para la entidad”, continúa Calcagno.
 
La estimación oficial es que existen aproximadamente unos cinco mil clubes, pero que de manera “clandestina” funcionan más de 20 mil que realizan el trabajo social, deportivo y cultural, sin poder tener los papeles en orden por lo oneroso de ellos.
 
El universo de instituciones alcanzadas por el plan de regularización, resulta coincidente con las que se tuvieron en cuenta al momento de dictarse las Resoluciones Generales: asociaciones civiles de primer grado cuyo objeto principal sea la promoción y atención de derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables y comunidades en condiciones de pobreza, o la promoción y atención de cuestiones de género, o la actuación como cooperadoras de establecimientos educativos, hospitalarios u otros que provean servicios al público.
 
A su vez, las asociaciones que se encuentran en el Registro de Entidades Inactivas y adhieran al Programa, serán inmediatamente excluidas del mismo, sin costo arancelario para la entidad.
 
La IGJ percibió la existencia de una gran cantidad de asociaciones ya institucionalizadas con anterioridad, involucradas en estos objetivos, que se encuentran en un momento económico asfixiante, agravado por la pandemia. Eso implicó la imposibilidad de funcionar regularmente, lo que influyó en la baja de sus ya magras recaudaciones, y provocó también la falta de pago de muchos asociados.
 
El imperativo para el organismo fue atender las necesidades de las instituciones más vulnerables, y que cumplen objetivos deseables con poblaciones de menores recursos. De esa manera, la práctica deportiva siempre constituyó un gran llamador hacia los clubes, y numerosos colegios municipales utilizan sus instalaciones para diversas actividades, que no se realizan en edificios escolares donde no existen comodidades.
 
“Esto permitirá pasar de una situación de incumplimiento que los posiciona en un lugar cercano a la marginalidad, a otra formal concordante con las normas legales imperantes. Entonces, al poder recuperar su CUIT e inscribir a sus autoridades, podrían operar normalmente en el sistema bancario, y gestionar subsidios y apoyos oficiales”, concluye Calcagno.