"¿Quién tiene razón sobre la coparticipación? ¿Alberto Fernández u Horacio Rodríguez Larreta?", por Werner Pertot

Horacio Rodríguez Larreta está lanzado a la presidencia. No hay marcha atrás. La disputa con el Gobierno nacional es el primer paso de la construcción de su candidatura. Intentar concentrar la mayor parte de los apoyos de Juntos por el Cambio detrás de él (y no de Mauricio Macri) es otro de los desafíos que enfrentará. Y seguramente el éxito o fracaso en la decisión que tomó de poner en manos de la Corte Suprema la suerte de la disputa por los fondos de coparticipación porteña seguramente juegue un papel en su carrera. El Gobierno nacional sostiene que Macri le envió fondos de más. Larreta, que no le sobraba un peso. Pero, ¿quién tiene razón?

Empecemos por los números que hizo la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y que el Gobierno nacional presentó como argumento para recortarle un punto de coparticipación a la Ciudad. Hasta ahora la Nación fue la que más mostró sus cálculos, así que hay más para analizar de este lado de la mecha. El equipo de Batakis desde comienzos del año que viene sosteniendo que no se corresponden los gastos de la Policía traspasada con el dinero que transfirió Macri. Atención a esto: ya no es una discusión, como pasó entre Macri y CFK por el subte, sobre si debe transferirse con los recursos o no. El Gobierno de Alberto Fernández reconoce que debe ser con los recursos, pero sostiene que el monto que transfirió Macri es muy superior.

Concretamente, indican que cuando Macri elevó la coparticipación porteña de 1,4 a,3,75 la aumentó en un 167,8 por ciento. Según el Gobierno nacional, el costo real de la Policía era de 0,92 puntos de coparticipación, por lo que el incremento tendría que haber sido a 2,32 por ciento. Eso fue lo que hizo Alberto Fernández con su decreto. Ahora, con el proyecto de ley, buscan desvincular el dinero de la policía de la coparticipación.

El cálculo de Batakis es el siguiente: en 2015 CABA recibió el 1,4 de coparticipación, que equivalía a 7865 millones de pesos. En 2016 saltó a 27.743 millones. No solo influyó el aumento dispuesto por Macri, sino también el incremento de la masa coparticipable. El costo de la parte de la Federal que transfirieron fue de 8047 millones. No obstante, la Federal generaba recursos por venta de servicios de seguridad que también pasaron a la Ciudad. En 2016, se calcula que recaudaron 1221 millones. El cálculo final indicó que los gastos netos de la transferencia eran de 6826 millones. Si ese fue el costo, entonces solo en 2016 le entregaron 17.386 millones de pesos de más. Según las cuentas de equipo de Batakis eso se repitió año tras año hasta alcanzar un excedente en los cuatro años de Macri de 86.269 millones de pesos.

Pero eso no es todo: Batakis señaló que el gasto en seguridad, financiado por Nación, comenzó a expandirse en la Ciudad. Según su informe, el Gobierno porteño no tuvo que poner un peso: todo el incremento en gasto en seguridad fue financiado con fondos federales. En 2015, el gobierno porteño gastó 4041 millones en seguridad y en 2016 la cuenta saltó a 20.523 millones, mucho más que la suma del costo de la Federal y los gastos anteriores.

En tanto, en el escrito que el Gobierno porteño presentó ante la Corte Suprema le respondió a estos números de Batakis. Aseguraron que no sobró un peso de lo que le transfirió Macri. Dijeron que es falso que el gasto de la Policía equivalga al 0,92 por ciento. Una de las críticas de la funcionaria nacional es que ni el aumento a 3,75 que hizo Macri ni la posterior reducción de 3,5 por ciento que hizo el mismo presidente estuvieron acompañados de un estudio técnico de cómo se llegaba a ese número. El texto del Gobierno porteño dice que "el total del costo del traspaso se estimó en 13.070 millones de pesos a valores del año 2015. En relación con una coparticipación estimada anual en 2015 de 7803 millones de pesos de acuerdo con el coeficiente de coparticipación de 1,4 por ciento de la CABA en ese momento, se determinó que el incremento necesario para financiar el costo del servicio era del 2,35 por ciento en la participación de la CABA. Simplemente aplicando una regla de tres al costo del traspaso, se concluyó que se debería incrementar en 2,35 el coeficiente de participación". El problema es que no ofrecieron mayores detalles. Falta un cálculo fino del costo de la Policía transferida.

Hay datos que no terminan de decir, porque los llevaría a otras discusiones: por ejemplo, ¿es verdad que Macri incluyó la poda de árboles de la Ciudad como parte del presupuesto en Seguridad a transferir? ¿La poda en la Ciudad se tienen que pagar con fondos federales? ¿También incluyó el pago completo de todo lo que costaba la Policía Metropolitana, las cámaras, las reformas en las comisarías? Estas últimas, se hicieron, además en una licitación por más de mil millones que benefició a aportantes de campaña del PRO y a amigos de Nicolás Caputo, entre otros. Si se cargaron todos estos costos a la cuenta de lo transferido, esto explicaría en parte por qué desde Ciudad dicen que no sobraba un peso y desde Nación, que había un excedente de 86 mil millones.

Entonces, ¿quién tiene razón? Hay dos posibles respuestas. La primera depende de cuál sea el concepto de federalismo que se maneje. Si en el cálculo realmente se incluyeron cosas como podar los árboles de la Ciudad más rica del país, se torna más difícil defender el monto excedente que les discute Alberto Fernández (no es casual que Macri no haya incluido ese desglose en las justificaciones de su decisión en 2016; el oficialismo se lo recuerda en el proyecto de ley que mandaron al Congreso). Salvo que consideremos que Formosa le tiene que financiar la poda de árboles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese caso, tendría razón Larretya.

La segunda respuesta es más factual, numérica, y pasa por el análisis fino de los costos que mencionaba antes. Sin ese análisis, no es posible saberlo y será la Corte la que tendrá que definir. Sería deseable que, mínimamente, ordene pericias contables para tener información sobre los números que presentan ambos Gobiernos y que esos análisis sean públicos de forma tal de saber quién mentía, dado que no pueden ser ciertas las cosas que dice Larreta y las que dice Alberto Fernández. Uno de los dos miente o está mal asesorado. Si la Corte falla sin ninguna consideración por los números, será entonces una sentencia que nos aleje de conocer la verdad.