Organizaciones de derechos civiles criticaron la nueva ley de reconocimiento facial

Representantes de organizaciones de Derechos Civiles manifestaron su rechazo a la ley aprobada por la Legislatura porteña para regular el uso de tecnologías de reconocimiento facial, denunciaron que el debate fue "paupérrimo" y alertaron sobre sus consecuencias.
 
Siete organizaciones -entre ellas Amnistía Internacional, el CELS, la Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Vía Libre- publicaron un documento en el que instaron a los diputados de la Ciudad a rechazar la iniciativa por considerar que convalida la "imposición unilateral" del sistema de vigilancia puesto en marcha por el Ejecutivo porteño el año pasado.
 
"Se está legitimando el uso de algo que, en ciudades como San Francisco o Boston, que están a la vanguardia en tecnología, se está prohibiendo", comentó a Télam Beatriz Busaniche, representante de Vía Libre.
 
Busaniche es docente y especialista en privacidad, explicó que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta "implementó el sistema como un hecho consumado, comprando una tecnología con un proceso poco transparente". "La implementación está floja de papeles y ahora la Legislatura lo legitima".
 
Algunas organizaciones se habían presentado ante la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad del sistema de vigilancia y entienden que esta ley se convertirá en el argumento fundamental del Gobierno de la Ciudad para sostener su uso.
 
Desde la Asociación por los Derechos Civiles, Leandro Ucciferri señaló que el debate sobre la "necesidad" y la "proporcionalidad" de la tecnología no se realizó al momento de la implementación por parte del Gobierno y que ahora tampoco sucedió en la Legislatura, dónde "ni siquiera se convocó a expertos técnicos". "Ven a esta ley como una limitación al uso del sistema de reconocimiento, pero no se preguntaron si esta era suficiente limitación", explicó.
 
Ucciferri estimó que el Estado no ha transparentado si el uso del reconocimiento facial es siquiera efectivo en los términos que dice buscar y, sobre todas las cosas, si el costo para la sociedad es admisible.
 
"Este sistema de vigilancia masiva en la vía pública elimina la presunción de inocencia: El sistema tiene que leer tu rostro para descartarlo y el dato biométrico es un dato personal. Trata a todos como sospechosos hasta que se demuestra lo contrario, cuando es al revés", dijo el representante de ADC.
 
Desde la Fundación Vía Libre expresaron que “existe un elevado riesgo de dañinos "falsos positivos", principalmente en mujeres, niñxs y jóvenes, y personas de color, debido a los sesgos en los datos de entrenamiento de los algoritmos de reconocimiento facial”.
 
Sobre la efectividad, las organizaciones estiman que, de los 40 mil prófugos de la base de datos, se generaron 4 mil alertas y 400 aprensiones, sin detalles sobre los falsos positivos. "Si a vos te salta un alerta, tenés que probar que no estás involucrado. Lo que se entrega es un derecho fundamental a cambio de la propaganda de 'agarré uno'", apuntó Busaniche.
 
En ese sentido, Uciferri dijo que "lo que se está planteando es redefinir cómo se disfruta de la sociedad y que significa vivir en una sociedad más vigilada". "Los efectos de esto no se están tomando en serio y tendrá efectos mediatos", concluyó Busaniche.
 
El objetivo de la modificación de la Ley de Seguridad Pública buscaba aumentar y especificar las disposiciones ya establecidas en la ley tendientes a garantizar la privacidad, confidencialidad y derecho a la intimidad de las personas en lo referente a las cámaras que captan imágenes públicas.
 
Desde el Frente de Todos explicaron a Revista Qué “no había ninguna urgencia de tratar el proyecto ahora, ya que el sistema de reconocimiento facial hoy no está funcionando, está suspendido debido al uso obligatorio de los tapabocas que dificulta claramente el funcionamiento que venía teniendo”.
 
Además, señalaron que votaron en contra ya que aún están debatiendo con organizaciones sobre los errores que tienen el sistema de reconocimiento facial y aún no queda claro cuál es el funcionamiento actual del sistema.
 
En ese sentido direccionaron el voto negativo ya que no pudieron saldar dudas previo al tratamiento del proyecto en la sesión. Y, remarcaron que aún “queda pendiente un debate en el marco de la Comisión de Derechos humanos que no se habilitó”.
 
Las organizaciones de derechos civiles señalan cuáles son los derechos humanos que son afectados por este tipo de tecnologías:
 
Privacidad: el sistema no sólo procesa información biométrica de las personas buscadas, sino de toda persona que pase frente a las cámaras. Es, entonces, una modalidad de vigilancia masiva y su implementación no cumple con los principios de ser una medida necesaria y proporcionada.
Libertad de expresión: la vigilancia constante produce un efecto inhibitorio, sobre todo de aquellas personas que emiten discursos críticos contras las autoridades.
Libertad de reunión y asociación: por eliminar el anonimato en el espacio público no se ejerce ese derecho por temor a futuras represalias.
No discriminación: se ha demostrado que los sistemas no distinguen bien a personas de tez oscura.
Presunción de inocencia y debido proceso: el sistema asume que todxs somos culpables, por lo que recolecta datos sensibles para determinar, luego, si somos o no una persona prófuga.