Con críticas de la oposición, se trata en la Legislatura la nueva 'oficina anticorrupción' porteña

En la sesión ordinaria de este jueves en la Legislatura porteña se debatirán como temas principales una ley de integridad pública –que genera controversias- y un proyecto para permitir el uso medicinal del cannabis.

El régimen de “integridad pública” y su marco normativo para la prevención y el control de irregularidades, anomalías, incumplimiento de deberes o ilícitos en el ámbito de los tres poderes constitucionales de la CABA se propone que sea incorporado a la ley de ética pública (N 4.895, de 2013), según indicó el área de Prensa de la Legislatura.

El asunto tuvo despacho conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales (preside Hernán Reyes – VJ), de Legislación General (Guillermo Suárez – VJ) y de Presupuesto (Claudio Romero – VJ). Había al respecto siete proyectos en consideración y se concluyó elaborando un texto respaldado por la mayoría de Vamos Juntos y otros bloques afines.

Desde la oposición cuestionan que los funcionarios serán designados por las cabezas de cada poder y no pasarán por concursos, como establece la normativa actual. Además, no tendrán facultades para querellar ni hacer investigaciones.

"Los diputados del PRO no tomaron ninguna de las propuestas de nuestro bloque para crear una Oficina Anticorrupción que investigue y prevenga las irregularidades cometidas en la función pública", dijo el diputado del Frente de Todos Santiago Roberto, en declaraciones a Página 12. Y agregó: "En lugar de eso le dieron dictamen a su proyecto de Régimen de Integridad Pública que no es una oficina independiente del poder de turno ya que la persona a cargo será nombrada por el Jefe de Gobierno. Esta iniciativa parlamentaria se centra meramente en el armado de oficinas administrativas, que de hecho ya existen y son autoridad de aplicación de la actual ley de Ética, dejando de lado las facultades investigativas y la posibilidad de querellar".

Criticó además que la norma implica “un retroceso respecto de la Ley vigente que establece que los cargos son por concursos públicos y lo que ahora proponen es que sea designado a dedo por la autoridad que debe ser controlada. De esta manera perdemos la posibilidad de tener una Oficina Anticorrupción autónoma y que brinde transparencia para lograr una mejor calidad institucional. Porque la bandera de la lucha contra la corrupción se proclama, pero también se tiene que hacer carne en propuestas concretas”.