Nueve policías porteños detenidos por sospecha de integrar una asociación ilícita

Una causa hasta ahora envuelta en un manto de silencio sacude a la Policía de la Ciudad. Incluye presunta corrupción, drogas, sobornos y aprietes. Nueve policías, incluido un ex comisario, están detenidos bajo sospecha de haber integrado una asociación ilícita “destinada a cometer indeterminadas conductas delictivas, en particular mediante la interceptación de motocicletas en la vía pública, en medio de controles policiales, y el amedrentamiento a sus conductores hasta lograr apropiarse de las sumas de dinero que llevaban consigo”. También están acusados de cobrarles coimas a comerciantes del barrio porteño de Palermo “a cambio de protección”. Para quien no accedía, había un encargado de “clausurar los locales o levantar los puestos que no querían arreglar”.

El caso fue revelado por el periodista Néstor Espósito en el diario cooperativo Tiempo Argentino. La causa está a cargo del juez en lo Criminal y Correccional Manuel de Campos, y permanece bajo secreto de sumario.

Según la investigación, dentro de la organización de la Comisaría 1 C de la Policía de la Ciudad (en San Juan 1757, con jurisdicción en el barrio porteño de San Telmo) había una presunta asociación ilícita encabezada por el comisario Diego Morano, el subcomisario Juan Marcelo Castro, los oficiales primeros Javier Tapia Núñez, Diego Wilfrido Araujo, Leonardo Patricio Segovia y Cristian Marcelo Valdez, y los oficiales mayores Julio César Benítez, Emilio David Falcón y Carlos Alberto Pomo.

“Al comisario Morano se le endilgó ser el jefe de la asociación criminal y, por tanto, quien daba las directivas a los miembros, mientras que al subcomisario Castro se le reprochó la calidad de organizador, a cargo del diseño de un plan para cobrar dinero a los comerciantes de la zona. En el caso de Tapia Núñez, Araujo, Segovia, Valdez, Benítez, Falcón y Pomo les fue imputado el rol de miembros de la organización, ejecutores de las órdenes que impartían los cabecillas”. Los miembros de este grupo “simulaban controles policiales para detener a personas sin justificación alguna y exigirles dinero”.

Las víctimas fueron las denunciantes, y la investigación se encomendó a la Policía Federal. “Quien se aprovecha de un cargo para someter al prójimo y despojarlo de sus posesiones la lesiona por todo el bien que deja de hacerse y el mal que suma a esa miseria”, dijeron los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Mauro Divito, al confirmar los procesamientos de los uniformados.