Se aprobó una ley impulsada por Larreta para hacer más lentos los amparos contra su gestión

La Legislatura porteña aprobó un proyecto que reforma la ley de amparo y el código del fuero contencioso, que implica las causas en contra del Gobierno de la Ciudad. Con la nueva norma se introduce la intervención obligatoria de los fiscales, comandados por Juan Mahiques, en muchas instancias del proceso. Así, se demora en los hechos el avance de las causas y los amparos.

Según consignó Página 12, ante el avance del proyecto 17 jueces (de los 21) y cinco camaristas habían enviado una carta al presidente de la Comisión de Justicia, Martin Ocampo, donde le manifestaron su preocupación. Organizaciones como el CELS indicaron que la reforma es "improcedente e inconstitucional". Pero Juntos por el Cambio tiene mayoría dentro del cuerpo legislativo e impuso su iniciativa con 36 votos a favor, contra 17 negativos.

Tras recientes reveses para el mandamás porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el fuero judicial, como el fallo que frenó la venta de los terrenos del Costa Salguero, la reforma de la ley de amparo es interpretada en el Poder Judicial como una respuesta. El proyecto fue propuesto por el radical Martín Ocampo, exjefe de los fiscales con Mauricio Macri y exministro de Justicia de Larreta. Plantea que el Ministerio Público Fiscal debe intervenir de manera obligatoria "de forma especial" y "bajo sanción de nulidad" en las causas que involucren obra pública, servicios públicos o bien en las que "a criterio del Ministerio Público Fiscal esté comprometido el orden público, el interés social o los intereses generales de la sociedad”.

"Quisiéramos destacar que el proyecto, en caso de ser aprobado, supone una limitación formal y sustancial en el ejercicio del Poder Judicial sobre el control y garantía de los derechos de los/las habitantes de la Ciudad", advirtieron en su carta los jueces Elena Liberatori, Andrés Gallardo, Fabiana Schafrik, Patricia López Vergara, Guillermo Schaibler, Pablo Mántaras, Hugo Zuleta, Marcelo López Alfonsín y Carlos Balbín, entre otros.

En tanto, las ONG Observatorio de Derecho a la Ciudad, FARN, INECIP, ACIJ y CELS enviaron otra carta a Ocampo y plantearon que la propuesta es "improcedente e inconstitucional". Advirtieron que desequilibra la intervención de los fiscales con respecto a los defensores y los asesores tutelares. Y que el proyecto terminará por volver más lentas las causas judiciales. "Esto resulta de particular gravedad en los procesos de amparo, y especialmente en las medidas cautelares, que tienden a la tutela de los derechos y garantías constitucionales de las personas", remarcaron.