La mayoría automática de Larreta

Desde hace años que la problemática de las vacantes es una de las disputas centrales con el Gobierno porteño. Y desde hace años que el PRO colonizó el Poder Judicial porteño, al punto de poner en el Tribunal Superior de Justicia (el equivalente a la Corte Suprema en la Ciudad) a un ex funcionario de Mauricio Macri. Sabiendo estas dos cosas, todo lo que van a leer a continuación no debería ser una sorpresa. El TSJ falló contra las familias que reclaman una vacante para sus hijos en las escuelas públicas y consideró que el Ejecutivo porteño no tiene obligación de brindarles educación pública a aquellas personas que se puedan pagar un jardín privado. La prioridad en el nivel inicial –antes de la edad obligatoria para las familias- es para las personas de menores recursos, argumentaron. De esta forma, pusieron la responsabilidad sobre la Legislatura en construir un plan para que haya más escuelas y aseguraron que el Gobierno porteño solamente debe administrar la escasez actual.

El fallo tiene como consecuencia concreta que todos los amparos que hasta ahora resultaban en que el Gobierno de la Ciudad tuviera que cumplir con lo que manda la Constitución porteña, ahora comenzarán a ser rechazados. Pero esto el TSJ lo hace en el nombre de los pobres y de los sectores más postergados. Veamos los argumentos del fallo.

La causa se basa en el reclamo de una ciudadana para que le den una vacante en una escuela de jornada completa a su hijo de dos años. Tuvo fallos favorables en primera instancia y en la Cámara de apelaciones. Ambas instancias condenaron al Gobierno porteño a entregar una vacante en un plazo perentorio, pero el Ministerio de Educación porteño siguió apelando hasta llegar al TSJ. Casi como si supieran algo.

Para revertir los fallos, el TSJ –con la mayoría de sus jueces menos Alicia Ruiz- tuvo que dar de baja el visto bueno que dio en 2011 a un acuerdo entre el Gobierno porteño y la ONG ACIJ sobre el tema de las vacantes. Los argumentos centrales del fallo estuvieron a cargo de Marcela De Langhe, una de las juezas que sumó Larreta al TSJ y que estuvo cuestionada por cobrar del Gobierno porteño mientras era camarista. ¿Qué dijo Langue en su voto? Que “no   existe   una   obligación   gubernamental   de   proveer vacantes  en   el   nivel   inicial   no   obligatorio   del   sistema   educativo   de   gestión pública para todo aquél que lo solicite, sino que el deber estatal comprende la asignación de las vacantes existentes de acuerdo al régimen de prioridades que establece la normativa vigente”. Es decir, que Larreta tiene que administrar la escasez de vacantes. Y darle prioridad a los sectores populares. Por lo tanto, el que se pueda pagar una privada, automáticamente deja de tener derecho a la educación pública hasta que sus hijes cumplan los 4 años.

La jueza no problematiza de dónde viene esa falta de vacantes, que parece ser obra de la naturaleza por momentos. Y a la hora de repartir responsabilidades exculpa a Larreta y Macri y pone el acento en la Legislatura: dice que es la responsable de que se construyan más escuelas y que debe reasignar presupuesto para que se hagan. Mientras tanto, el Ministerio de Educación porteño debe priorizar a los sectores populares y mandar al resto a una privada. O a su casa. “Mientras el Poder Legislativo no asigne los fondos suficientes para la universalización del sistema público de educación inicial, el Poder   Ejecutivo   debe   gestionar   las   vacantes   disponibles”, argumenta la jueza.

La magistrada dice de varias formas en su voto que quienes tengan los recursos para pagar un privado y exijan vacantes están pidiendo un privilegio y no un derecho. La jueza dice que mucha claridad que para ella no existe tal derecho.

En una interpretación aberrante, libera al Estado porteño de tener que brindar de manera universal la educación inicial e impone un criterio en base a la escasez: al no haber construido más escuelas, el Estado puede decidir dejar afuera a aquellas familias que tengan recursos para pagar una privada.

Me detengo un momento para recordar lo que dice la Constitución porteña al respecto de las obligaciones del Estado: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior". Es decir que, según la Constitución, el Estado debe garantizar la educación desde los 45 días. Me resulta lo suficientemente claro. Pero para los jueces del TSJ larretista, pedir una vacante es un privilegio e incluso llegaron a decir que es inconstitucional. Notable esfuerzo por torcer la argumentación a favor de Larreta.

Al voto de Langue le sigue el de Ines Weinberg de Roca, a quien Macri conoció en un gimnasio de Palermo chico y promovió a jueza del TSJ. Luego, tras echar a Alejandra Gils Carbó, también intentó que Weinberg de Roca fuera su procuradora. Weinberg de Roca coincide con Langue y establece que el Estado porteño solo debe garantizar la educación para el nivel obligatorio para las familias (es decir, a partir de los cuatro años). Lo mismo plantea en su voto Santiago Otamendi, que llegó al TSJ promovido por Larreta. Había sido juez de la Ciudad, pero no llegó de allí al TSJ, sino directo desde el Ministerio de Justicia nacional que conducía Germán Garavano. Otamendi era su secretario de Justicia. Es decir que Otamendi pasó de ser funcionario de Macri a integrar la Corte Suprema porteña. Más allá de sus pergaminos personales, no me digan que no es una muestra cabal de cómo consideran que debe ser la independencia del Poder Judicial.

Mucho más argumentando y prolífico de citas en el idioma original de la Corte Suprema de EEUU fue el fallo de Luis Lozano, que vendría a ser una suerte de Lorenzetti de la Corte porteña. De modales de conde inglés y con una larga carrera de estudios, es quien mueve muchos de los hilos del TSJ prácticamente desde su creación.

La única que falló en contra fue Alicia Ruiz, que suele disentir con sus colegas del PRO en el Tribunal. Esto le da una mayoría automática a Larreta de 4 a 1. Se trata del mismo tribunal que en 2016 resolvió que era legal que la policía registre a las personas por portación de cara. Hace algunas semanas el legislador porteño Leandro Santoro dijo que el Poder Judicial venía teniendo un presupuesto que crece exponencialmente y consideró que era una caja negra de la política. Este fallo del TSJ no ayuda a refutarlo.