Las cifras del aborto clandestino: 1.532 mujeres afrontan causas en 17 provincias

Legal o clandestino. Hoy se definirá en el Senado si el Estado continúa castigando a quienes deciden sobre su cuerpo. En la previa al debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un informe según el cual 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas.

El informe es elaborado a partir de datos oficiales de 2012 hasta hoy y ya fue remitido al Senado para que quienes debatan hoy "cuente con información rigurosa" sobre la situación, según indicaron fuentes de la ONG. "Le hicimos llegar el documento a las y los senadores, a quienes invitamos a cuidar la vida y la salud de las mujeres de sus provincias y que este informe sea tenido en cuenta a la hora de tomar su decisión", declaró a Télam una vocera de CELS.

El estudio arrojó que las personas gestantes criminalizadas "son pobres, sin trabajo remunerado, la mayoría con hijas e hijos, que viven en condiciones habitacionales precarias".

Sobre los procesos legales, el CELS informó que "la mayoría no accedió a una defensa particular, sino que fueron representadas por la defensa oficial. Encontramos muchas violaciones de sus garantías al debido proceso". Las causas se iniciaron "con frecuencia cuando los equipos de salud violan su deber de confidencialidad y denuncian".

También ocurrió que el pedido de ayuda de familiares, parejas o la misma gestante fue tomado como una denuncia."La posibilidad de que un pedido de auxilio sea la ocasión para iniciar la persecución penal es extorsiva: pone a estas personas y a sus familiares en la situación de autoincriminarse a cambio de atención en salud", señaló el análisis del CELS y según consignó Minuto Uno.

El informe fue crítico con los hospitales: "La estigmatización se convierte en violencia obstétrica, con enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales". Y agregó: "Las intervenciones de las fuerzas de seguridad y del poder judicial están marcadas por el ensañamiento".

Luego destacó que "algunos medios de comunicación reciben información 'filtrada' de esos agentes estatales y despliegan coberturas morbosas. El impacto de todo esto acompaña a la mujer, luego a sus contextos sociales y familiares, aunque nunca sea condenada penalmente".

En ese sentido, el CELS consideró que la criminalización del aborto y de otros eventos obstétricos "no debe ser entendida solo a partir de las condenas" porque "en estos casos no es un elemento imprescindible para la imposición de un castigo".

La investigación detectó también allanamientos "sin orden judicial, por mera voluntad de policías o fiscales, al hacer elástico el concepto de flagrancia. En los casos analizados, las y los funcionarios intervienen cuando las mujeres piden ayuda por su salud y no en el supuesto momento flagrante del aborto".