Revelan los principales cuestionamientos ambientales y legales a la privatización del río que quiere el GCBA

Se conoció un informe sobre la audiencia pública en la Legislatura porteña por la privatización del río, denominada formalmente como "rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco", que no sólo muestra que más de 97% de los expositores de las audiencias públicas se manifestó en contra de la iniciativa impulsada por Horacio Rodríguez Larreta, sino que también releva los principales cuestionamientos en torno a la cuestión ambiental y legal.

El trabajo fue difundido por la legisladora porteña del Frente de Todos Lucía Cámpora y destaca qué ocurrió en la audiencia que se realizó durante los últimos dos meses y finalizó el jueves pasado.

En concreto, lo que propone la administración del jefe de Gobierno porteño es habilitar en esos predios la construcción de edificios de hasta 10 pisos y cambiar las normas urbanísticas de ambos predios, que abarcan 32 hectáreas en la ribera del Río de la Plata.

Según el relevamiento, "la abrumadora mayoría de los participantes se manifestó en contra del proyecto y a favor de la construcción de un parque público" y se destacó también que "nunca en la historia de la Legislatura porteña hubo una participación de tal dimensión".

Entre los argumentos expuestos en la audiencia, se mencionó que la Ciudad "tiene menos de 6 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, siendo la segunda capital latinoamericana peor situada en ese ranking y por debajo de lo recomendado por la OMS", por lo que "se reclamó la construcción de un parque".

En ese sentido, también se destacó la necesidad de "aumentar la superficie absorbente en un contexto de olas de calor y lluvias cada vez más intensas", ante "el riesgo de colocar cemento donde podría haber superficies absorbentes".

Se presentaron especialistas que señalaron que Costa Salguero "se ubica en medio de las reservas Costanera Norte y Costanera Sur, que dan continuidad al Delta y los Esteros del Iberá en lo que históricamente fue un gran reservorio de biodiversidad".

En ese sentido, según publicó la agencia Télam, subrayaron "la importancia de resguardar las especies nativas fortaleciendo los corredores biológicos para maximizar los servicios ambientales como el secuestro de carbono, atenuar altas temperaturas o controlar plagas".

También hubo una gran cantidad de argumentos legales en las exposiciones: los detractores de la iniciativa marcaron que existe una "contradicción" entre el proyecto y el artículo 8 de la Constitución porteña, que establece los límites de la Ciudad.

Consignaron que "la Ciudad es corribereña del Río de la Plata y el Riachuelo, los cuales constituyen en el área de su jurisdicción bienes de su dominio público" y son "de libre acceso y circulación".

Por otro lado, mencionaron una "contradicción con el artículo 27, que garantiza la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común".

También se hizo referencia a que el artículo 9 del Plan Urbano Ambiental "enfatiza la necesidad de maximizar la accesibilidad y la posibilidad de uso recreativo de las riberas y los cursos de agua que rodean a la Ciudad".

El proyecto de rezonificación fue aprobado en primera lectura en la Legislatura porteña en octubre pasado, con votos del oficialismo (Vamos Juntos) y de bloques aliados (UCR-Evolución y Partido Socialista), y la audiencia pública era requisito para que la norma llegue al recinto para una segunda y definitiva votación.

La audiencia comenzó el 27 de noviembre pasado, y se desarrolló a lo largo de 30 jornadas, con 2060 participantes, de cuales 97,23% estuvo en contra.

El reporte resaltó que solo 55 participantes se manifestaron a favor, de los cuales 24 son o fueron funcionarios jerárquicos de la Ciudad en áreas vinculadas con la implementación del proyecto, y otros 7 tienen algún tipo de vinculación formal con el Gobierno porteño o con el oficialismo local.