Piden que la Justicia obligue al GCBA a asegurar la educación de quienes no puedan volver al aula

Sigue el debate en torno a la presencialidad en las escuelas porteñas. En medio de la incertidumbre y la polémica, algo es seguro: muchas y muchos estudiantes no podrán volver a las aulas por ser población de riesgo o convivir con alguien que lo sea, en el marco de la pandemia de coronavirus. Ante esta situación, una ONG pidió a la Justicia que obligue al Gobierno de la Ciudad a garantizar conectividad y dispositivos para esas y esos estudiantes.

La medida surgió de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que advirtió que “las autoridades educativas porteñas no están dando ningún tipo de información ni adoptando medidas para la continuidad educativa de quienes verán impedida su presencia en las aulas”.  

“Hasta el momento, el GCBA no hizo pública ninguna política pensada para: (i) niñas y niños que sean considerados como población de riesgo y/o que convivan con familiares que requieran especial cuidado, (ii) estudiantes que formen parte de una ‘burbuja sanitaria’ y que deban ser aislados por presencia de casos positivos o contactos estrechos de COVID-19”, planteó la organización mediante un comunicado el viernes pasado, último día hábil antes de la reapertura administrativa de las escuelas decretada para este lunes. 

“Como consecuencia de esta omisión, en el marco de la causa judicial por acceso a conectividad, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un pedido de medida cautelar para asegurar  el acceso a los recursos digitales que permitan a estos grupos de niñas y niños continuar su escolaridad a distancia. Además, solicitó que todas las escuelas de gestión estatal de la Ciudad, pongan en conocimiento de la comunidad educativa el derecho a requerir el equipamiento tecnológico con conectividad en el marco del Plan Sarmiento”, que además fue recortado por esta gestión.

“La vuelta a clases presenciales en condiciones seguras y adecuadas para cuidar la salud de estudiantes, docentes y personal que trabaja en las escuelas es una medida necesaria que debe ser acompañada por una política educativa que garantice el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes que por diversos motivos no podrán regresar a las aulas”, remarcaron desde ACIJ.