“Superficialidad y falta de ideas”: sobre las nociones de seguridad ciudadana en el discurso de Larreta

La seguridad ciudadana es hoy una de las problemáticas que más preocupan a la ciudadanía y que mayor relevancia ha cobrado en las últimas décadas en la agenda pública en nuestra región.

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la legislatura porteña, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta se refirió a esta dimensión como uno de los ejes centrales de su plan de gobierno. Quisiera considerar sólo algunas de las afirmaciones problemáticas con el anhelo de profundizar la discusión pública en el área. 

Identificar las políticas de seguridad con más policía. Constituye una confusión que excluye la consideración de políticas alternativas y perpetúa la idea de que no hay gobierno político de la seguridad (pues dependemos de las policías) y de que no hay responsabilidad política por el gobierno de la policía. Si sobre este escenario se proyectan propuestas que incluyen entre sus objetivos la delegación de algunos problemas sociales en la policía, el punto de partida es desacertado.

Más recursos, más eficacia en la reacción policial. Dotar de recursos modernos a las y los trabajadores de la policía es una condición necesaria para que realicen sus tareas cotidianas y en algunas circunstancias, para su protección. El aumento de recursos se vincula en el discurso con “más presencia policial en las calles” y mejorar la respuesta policial (“actuar más rápido”). La propuesta desliza argumentos falaces en este punto. En primer lugar, se pretende atribuir la falta de eficacia policial a la ausencia de recursos. Pensamos que los problemas de seguridad no están exclusivamente causados por la ineficacia policial, pero sobre todo y esta es la cuestión central, que esa ineficacia no depende exclusivamente de que se sumen recursos (patrulleros, chalecos, armas).

Un segundo problema es el definir el trabajo policial como una tarea que involucra “dejar la vida”. Aunque la mayoría de las intervenciones policiales no se vinculan con escenarios violentos de este tipo y aun cuando el aumento de los recursos no asegura mejorar las políticas de prevención ni la intervención policial, se proyecta una tarea que está lejos de una institución en el marco de una democracia constitucional. 

Pero, además, se identifica todo el trabajo policial con la prevención y en particular, con la presencia de los agentes en el espacio público, eludiendo así hacer referencia a uno de los déficit de nuestras policías, esto es, la imposibilidad de desarrollar tareas de investigación por fuera de acciones delictivas burdas y groseras.Esto esconde la incidencia que el gobierno tiene en el manejo de la política criminal; junto al Ministerio Público Fiscal, la policía cumple (o debería cumplir) un papel central en la investigación de los delitos.

Otorgar recursos es empezar a hablar de uno de los aspectos principales del bienestar (del trabajo) policial y de algunos requisitos necesarios para desarrollar ciertas tareas, pero no puede hacer colapsar la política de seguridad en la policía y mucho menos en la prevención en el espacio público. En definitiva, considerar que la ineficacia se resuelve con más policías y mejores recursos, es simplemente un desacierto.

Venta ambulante bajo el paradigma de “ley y orden”. Se ha discutido extensamente la metodología que pretende incrementar la penalidad mediante reformas de la legislación administrativa y el impacto que este tipo de políticas tienen sobre las garantías y derechos de los ciudadanos. En diciembre de 2019, la legislatura porteña endureció la regulación contravencional respecto de la venta ambulante.

Si un endurecimiento de la intervención sobre los vendedores ambulantes no ha solucionado esta conflictividad, cuál es la razón que justifica una estrategia similar. Por otra parte, si el anclaje de una política pública es la delegación de un problema social en la policía, una de las consecuencias posibles (y probables) es la de generar violencia institucional (otro problema). El Estado no sólo debe establecer formas de intervención alternativas y previas a la reacción penalsino que debe reconocerse como parte de la generación de ese problema.

En resumen, subsiste una visión del orden como paradigma de comprensión de estos fenómenos, en el que la conflictividad es percibida como una situación de desviación individual y social. Una política de seguridad que encuentra soporte en estos presupuestos se limita exclusivamente a restaurar ese desequilibrio. Esto no es más que una visión reduccionista, lineal y simplista de la compleja conflictividad social.

Más cámaras de seguridad. Nuevamente se da por sentado que se trata del despliegue de una estrategia eficiente. No sólo no se aclaran cuáles son los resultados que se han logrado con las 18.000 mil cámaras de seguridad en funcionamiento, sino que tampoco se expone las metas y objetivos que se pretenden cumplir con la instalación de 5.000 nuevas.

La idea de que “hay cámaras cuidándonos” pareciera relacionarse con las propiedades que caracterizan en literatura al realismo mágico. En efecto, lejos de la eficacia que se les atribuye, han generado problemas serios: demoras y detenciones de personas mal identificadas por el sistema, o correctamente identificadas por el sistema, pero mal cargadas en la base de datos. Tampoco se aclara qué tipo de sistema es el que se va a implementar (reconocimiento facial, investigación forense o predictivo), ni se rinden cuentas sobre el gasto que implica su puesta en funcionamiento, las formas de acceso del gobierno a ellas,nicuál es la información que se les atribuye proveer.

¿La seguridad es sólo una sensación? La estrategia de seguridad del gobierno porteño está limitada a construir una imagen de ciudad segura, atravesada por la presencia policial, la vigilancia y el orden en el espacio público. Se pone el acento en reducir el temor al crimen (seguridad subjetiva).

Por el contrario, no se distingue que ninguna de sus propuestas tenga en cuenta la seguridad en un sentido objetivo, por la sencilla razón de que no informa cuáles son las conflictividades, las violencias y los delitos que preocupan al gobierno local. Las propuestas se centran en micro delitos callejeros y eluden problemas de mayor transcendencia y abordaje complejo (violencias de género, delitos económicos, políticos, mercados ilegales).

Por lo tanto, estamos frente a un discurso que oscila entre la superficialidad y la falta de ideas o peor, frente aquellas que garantizan el fracaso (la degradación de los derechos de los sospechosos de siempre).