En el AMBA, uno de cada cinco femicidios son cometidos por efectivos de la fuerzas de seguridad

La diputada por la Ciudad, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para que se suspenda el uso de las armas fuera del horario laboral a los integrantes de las fuerzas feerales que tengan denuncias por violencia de género. El principal argumento: uno de cada cinco femicidios que se cometen en el Área Metropolitana son en manos de efectivos de las fuerzas de seguridad.

La iniciativa que ya ingreso al Congreso plantea, según consignó Página 12, la suspensión preventiva del derecho de portación, tenencia, transporte y uso del arma de dotación a los efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad que sean denunciados por violencia de género o intrafamiliar. El objetivo del proyecto es resguardar la integridad física, psicológica y mental de las personas denunciantes.

Según datos del Observatorio de la Organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) sólo en febrero de este año el 17% de los femicidios fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad (un aumento del 5% respecto a lo registrado en el mes de enero, que fue del 12%).

"Los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad no sólo son parte de una cultura institucional marcadamente patriarcal y propensa a la violencia, sino que su posición como agentes del aparato represivo pone a las víctimas en un lugar de especial vulnerabilidad", fundamentó la diputada del Frente de Todos al presentar el proyecto.

Agregó: "Entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o ex parejas policías. La portación del arma reglamentaria las 24 horas -amparada en el llamado ‘estado policial’- pone en riesgo a las mujeres y otras personas que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista o intrafamiliar, el arma puede ser utilizada para hostigar, amenazar, herir o matar".

Los detalles del proyecto indican que si la denuncia que recibe el efectivo de la fuerza es por abuso sexual o tentativa, lesiones graves, intento de femicidio o de reincidencia, se requiera la suspensión total del derecho a la portación de arma. También se contempla que en los casos en que la situación operacional o el cumplimiento de servicios del personal denunciado no permita cumplir con el retiro y entrega del arma en los términos establecidos, se deberá suspender totalmente la portación, tenencia, transporte y uso del arma.

En uno de los artículos del proyecto, se remarca que "la máxima autoridad de la fuerza deberá arbitrar los medios para que le sean asignadas tareas administrativas al efectivo que no requieran de la portación, tenencia, transporte y uso del arma de dotación".