Los barrios pierden identidad ante el avance de las torres

Ante la aplicación de las nuevas normativas que buscan unificar en altura las manzanas, la Ciudad de Buenos Aires está cambiando a ojos vista poniendo en riesgo el patrimonio, las esquinas antiguas con casonas y almacenes que muestran rasgos arquitectónicos históricos, dan lugar a la especulación inmobiliaria.
 
En todos los barrios, los carteles de venta empezaron a despertar preocupación entre los vecinos. Algunos ejemplos son la esquina de Dorrego y Córdoba en Chacarita, avenida San Juan y Deán Funes en San Cristóbal, Soldado de la Independencia y Jorge Newbery en Palermo, Paraguay y Maipú en Retiro, entre muchas otras intersecciones habitadas por viejos edificios que pasarán a formar parte del pasado para darle lugar a nuevos edificios que buscan “unificar” la altura de la cuadra. “Estamos perdiendo el patrimonio de proximidad, el almacén de la esquina, las casas que le daban identidad al barrio”, dicen a Diario Z desde la ONG Basta de Demoler.
 
El Código Urbanístico aprobado en 2018, sumado a las modificaciones votadas en la Legislatura el año pasado, buscan construir una ciudad capaz de albergar a seis millones de personas. Para ello se proponen incrementar los m2 construidos sobre los existentes. Y en una ciudad donde los terrenos vacantes son espacio de disputa por el déficit de espacios verdes, la mira recae sobre los edificios de poca altura, en especial casonas de una planta, que suelen ubicarse en las esquinas.
 
“A la dirección general de Interpretación Urbanística le llegan los casos y ahí se decide cuánto se puede construir en edificios catalogados y en cuáles no: cada vez dan permisos para más m2”, señala a Diario Z el arquitecto Mauro Sbarbati, integrante de Basta de Demoler.
 
De esta manera, el Gobierno porteño promueve lo que técnicamente se denomina como “enrase”: la uniformización de acuerdo con la altura dominante en cada manzana. “Esto es algo bueno, pero el problema es que toman como referencia los edificios más altos, lo cual a su vez no tiene en cuenta los intereses vecinales, el concepto de buen habitar. Lo que quieren es mayor cantidad de m2 vendibles”, agregan.
 
A esta decisión se le sumó un proyecto de ley del Ejecutivo porteño que impulsa un blanqueo inmobiliario para aquellas constructoras que incumplieron el Código de Edificación. “Básicamente dicen ‘lo que está construido, ya está’. Siempre se premia el incumplimiento”, denuncian desde Basta de Demoler. Por ejemplo, en la avenida Centenera había edificios de tres o cuatro pisos, pero construyeron uno de 12. “Al condonar ese proyecto, entonces ahora, gracias al nuevo Código, van a poder autorizar que esa avenida cambie la altura para uniformar en 12 pisos. Es decir, triplicaste la altura por una irregularidad”, explica Sbarbati.
 
La nueva tanda de demoliciones está en marcha desde la aprobación del nuevo Código Urbanístico. También, llegó para sepultar un debate en torno al patrimonio que venía escalando desde 2009, cuando se aprobó una ley que protegía preventivamente a todos los inmuebles construidos antes de 1941 y que invertía la carga de la prueba: los interesados en modificarlos debían justificar que no tenían valor patrimonial. Esa resolución quedaba en manos del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), integrado por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Ministerio de Cultura, la Sociedad Central de Arquitectos, el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la FADU-UBA, la Comisión de Monumentos y Museos, entre otras entidades de conservación.
 
Según Sbarbati, con cada modificación que se le hizo al Código Urbanístico, algunas de ellas votadas el año pasado, “le dan más poder al Ejecutivo sobre la ley. Cada vez los casos de protección son más interpretables, entonces el código es cada vez más laxo y permite la construcción de más m2”, señala a Diario Z. Mónica Capano, experta en patrimonio urbano salió eyectada del CAAP luego de que formulara graves denuncias sobre su funcionamiento.
 
A esto se le suma lo que Sbarbati describe como “ocultismo”. Si bien es cierto que las decisiones que hoy avanzan sobre el patrimonio porteño están enmarcadas en la absoluta legalidad, los vecinos suelen enterarse cuando las empresas constructoras colocan carteles que sentencian el final de esos inmuebles que vieron durante toda su vida. “Las decisiones no son publicitadas”, indica el referente de Basta de Demoler.
 
Lo que queda del patrimonio porteño son las Áreas de Protección Histórica del centro que contiene grandes edificios de valor patrimonial, aunque escasos en cantidad, son los últimos reductos de la identidad porteña. “Todo lo que está en el resto de la ciudad, y está entre edificios más altos, se lo van a llevar puesto. No importan las características de las fachadas”, se lamenta Sbarbati. Y agrega: “No se trata de petrificar toda la ciudad. Hay cosas que son interesantes, que pueden pensarse para otros usos y nuevas formas de habitar, pero ha ganado la visión de construir monoambientes o departamentos de dos ambientes a 3 mil dólares el m2. Se libera a las reglas del mercado, pero nunca son departamentos vendibles para la gente que realmente los necesita”.