Avanza la demanda de Larreta ante la Corte: Procuración resolvió que es competente

La presentación judicial del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, avanza en su camino judicial, la misma pide a la Corte Suprema para que dicte una medida cautelar que deje sin efecto la suspensión de clases presenciales y para que declare inconstitucional el DNU del Poder Ejecutivo que la dispuso.

El Máximo Tribunal envió el pedido a Procuración, quien debe decidir si es competente o no para tratar el asunto presentado. En un tiempo récord, Procuración, a cargo de Eduardo Casal, dio el visto bueno para que la Corte Suprema trate el pedido de Larreta. Sin embargo, y según consignó Página 12, en el mundillo judicial no le ven futuro a la demanda.

Cómo sigue el procedimiento judicial: en primer medida, según relató la periodista Irina Hauser, un trámite de estas características podría durar mucho más que los 15 días de clases remotas establecidos frente a la segunda ola de coronavirus. En el caso de darle curso, la Corte deberá responder si está de acuerdo con la Procuración respecto de su "competencia originaria", lo que implicaría tratar a CABA como una provincia. Hay un precedente de 2019 que hace suponer que dirá que es competente. La segunda, será el planteo de si se trata de un asunto que debe resolver "la política", por tratarse de una medida de ese tenor, o si es judiciable.

Consultado por Página 12, el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra explicó que "el 'derecho federal' se impone cuando las políticas públicas en materia de salud y educación se dirigen a proteger y desarrollar el 'bienestar general' de todo el pueblo argentino". Sobre la acción declarativa presentada por Larreta dijo que "no debería prosperar: porque se trata de una política pública del Presidente exenta, en principio, del control judicial de constitucionalidad; una política pública, además, que se dicta en plena consonancia con la protección de la salud y la educación que debe realizar el Presidente de la República; y que de ninguna manera supone una intervención federal en la Ciudad, en la inteligencia de que el objeto de la medida se encuentra en las atribuciones del Presidente y las obligaciones del jefe de Gobierno de la Ciudad".

Por su parte, Raúl Zaffaroni le dijo a Página/12 que la demanda "carece de fundamento constitucional y sólo responde a una cuestión electoralista incomprensible desde el punto de vista ético, porque el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires ni ningún otro, por meras especulaciones electorales, puede permitirse estar jugando con la vida de sus habitantes".

Zaffaroni argumentó que "si bien la Constitución dispone que las provincias deben garantizar la educación primaria, no dice ni podría decir que debe hacerlo a costa del riesgo de vida de sus habitantes, según lo dicen todos los expertos infectólogos del país, en un momento en que se expande la infección en forma inusitada y la concurrencia a clases presenciales pone en riesgo de contagio a los niños y a sus familias, alcanzando incluso a población de riesgo, cuando están en su máxima ocupación las camas de terapia intensiva".

Sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el ex juez de la Corte Suprema señaló: "Este gobernador (le reconozco el título porque insistí en que así se lo consignase en la Constitución de la CABA en 1996) se vale del malestar que genera en muchos hogares la cuarentena con los niños, para hacer demagogia electoralista, olvidando que toda provincia es autónoma pero no independiente y, cuando un problema afecta a varias provincias, es el gobierno federal el que debe tomar las medidas, igual que en un terremoto o cualquier otra catástrofe".

Sin embargo hay jurisyas que apoyan la medida de Larreta, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo a Página 12 que "no es proporcional la suspensión total de las clases presenciales en virtud de la verificación de premisas normativas fuertes, como el interés superior del niño, y que no existen premisas fácticas que la avalen". También dijo que "si a las provincias se les otorga la capacidad de adherir o no a la normativa que se dicte, la misma facultad en igualdad de condiciones titulariza la CABA".

De todas maneras aseguró que la presentación del jefe de gobierno "tiene pocas posibilidades de ser tratada por la Corte, que sigue ciertos pasos en estos conflictos: lo manda al procurador y la práctica es que llame a una audiencia de conciliación y recién después analice la demanda".

Zaffaroni advirtió, apuntando al jefe de gobierno y de rebote a la Corte: "No estamos para bromas pseudoconstitucionales ni para triquiñuelas politiqueras. Se está muriendo gente, no hay camas, el número de contagios aumenta. ¿Qué le pasa? ¿Está en su sano juicio? ¿No ve que estas medidas se están tomando en todo el mundo? ¿La CABA no forma parte del mundo? ¡Por favor! La lucha política democrática impone límites éticos y jurídicos elementalísimos. Que respete el derecho a la vida de los habitantes de la CABA, que es el primer derecho que garantiza la Constitución que hicimos en 1996".