EMERGENCIA SANITARIA

Un pedido para que el GCBA explique cómo será la continuidad de las clases

El Ministerio Público de la Defensa insta al gobierno de Larreta a que informe qué pasará con las clases, cómo se garantizará la continuidad pedagógica de quienes estén exceptuados de ir al aula y si habrá modificaciones en el plan de vacunación para avanzar con la inoculación de docentes.



Mientras sigue la puja entre Nación y Ciudad por la presencialidad en las escuelas del distrito capitalino durante la segunda ola de coronavirus, las Defensorías N° 1 y 2 ante la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo presentaron un pedido de información a las autoridades porteñas para solicitar detalles específicos en relación con la continuidad del servicio educativo en la CABA.

Entre los fundamentos que sostienen el requerimiento se especifica que “el presente pedido de informes tiene fundamento en lo dispuesto por la ley 104 y en la ley 1.903 del Ministerio Público, en atención a la pluralidad de intereses que esta institución está llamada a atender y a la perplejidad suscitada por situaciones jurídicas de reciente ocurrencia, las cuales han motivado una gran cantidad de consultas a este Ministerio Público de la Defensa que requieren contar -de manera previa a la iniciación de acciones judiciales- con la información que por medio de la presente se solicita”.

El escrito, entre otras cuestiones, solicita al Gobierno porteño que informe sobre si respetará la suspensión de clases enmarcadas en el Decreto Nacional Nº 241/2021 (art. 2), así como consulta sobre la obligatoriedad de la presencialidad para aquellos grupos considerados de riesgo y demanda información sobre cómo se garantizarán en estos casos las “alternativas remotas”, o instancias no presenciales que permitan mantener la “continuidad pedagógica”.

Además, el pedido exhorta al GCBA a brindar información sobre si habrá alguna modificación en el orden previsto para la vacunación contra el COVID 19 para el personal docente de la CABA, en el caso de no obedecer las disposiciones del Decreto Nacional respecto de la suspensión de la presencialidad educativa. El Ejecutivo local tiene un plazo de 15 días para responder.

COMENTARIOS