Una semana de rebeldía de Larreta

¿Ahora Horacio Rodríguez Larreta es el ala dura del PRO? Sorpresa: el perfil moderado del jefe de Gobierno era una estudiada construcción que se cayó a la primera oportunidad en la que vio que le convenía confrontar con el Gobierno nacional. Nunca dejes que una pandemia global interfiera con tus ambiciones presidenciales, parece haber sido el eslogan de la semana pasada. En rápida sucesión, el jefe de Gobierno anunció un domingo a la noche que desconocía el DNU federal y seguía con las clases presenciales mientras la segunda ola continuaba arreciando. Para hacerlo, echó mano a un fallo firmado por amigos y familiares de sus funcionarios. Luego vino un fallo federal que le ordenó volver a clases virtuales y decidió desobedecerlo. Pero el de las clases no fue el único frente: tuvo entredichos con el Gobierno nacional por el (poco) control del cumplimiento del DNU por parte de la Policía de la Ciudad y con el PAMI por la vacunación.

Recordemos: el fallo que utilizó Larreta para mantener las clases presenciales lo firmó Nieves Macchiavelli, hermana del secretario de Ambiente, Eduardo Macchiavelli, hombre de confianza de Larreta, y ella misma ex funcionaria de Macri. Pero también lo firmaron Marcelo López Alfonsín, de procedencia radical y muy amigo de Laura Alonso y su marido, y Laura Perugini, que pertenece a la escudería “Tano” Angelici. Cuando decidieron desconocer el DNU nacional en base a esa sentencia de un tribunal que no tenía competencia (ese fuero dirime cuestiones entre el Gobierno porteño y particulares, no con el Gobierno nacional), me dijeron en altos estratos de la gestión PRO que los fallos están para cumplirlos. Al día siguiente que me afirmaron eso, cambiaron de idea.

¿Qué pasó? Salió un fallo de un juez del fuero contencioso federal, que sí está habilitado para fallar en cuestiones entre el Estado nacional y particulares. Pero el fallo no trataba la cuestión de fondo: simplemente decía que el tribunal porteño no era competente –algo que todos sabían- y que enviaba todo a la Corte Suprema -que ya se había declarado competente- para que lo resolviera. El juez Esteban Furnari le ordenó expresamente a Larreta que vuelva a clases virtuales y cumpla con el DNU hasta tanto la Corte diga algo distinto.

Pero Larreta decidió hacer de cuenta que el fallo no existía. Simplemente anunció en un comunicado que no lo iba a cumplir (luego, como acordándose de las formas, lo apeló y el juez le rechazó la apelación por improcendente). En ese comunicado dijo que se basaba en la “opinión jurídica” del procurador Gabriel Astarloa, pero cuando quise ver el dictamen en el que el jefe de abogados de la Ciudad recomendaba no cumplir un fallo, descubrí que no existe. Tal vez ese sacarle el cuerpo al tema por parte e Astarloa tenga que ver con las cinco denuncias penales que recibió Larreta por no cumplir un fallo. Para que quede claro: ni el abogado de Larreta le firmó un papel diciendo que lo que hacía era legal.

La disputa por las clases presenciales tuvo pasos de comedia (o de tragedia) como cuando el Gobierno nacional le ordenó a los colegios privados que vuelvan a clases virtuales y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, mandó una contraorden diciéndoles que no le hagan caso a Nicolás Trotta y sigan con clases presenciales. En el medio, echaron a dos docentes de la ORT por adherir a los paros, que duraron toda la semana, y el Ministerio de Trabajo nacional tuvo que dictar la conciliación obligatoria para que las reincorporen. El Gobierno porteño hasta apeló un fallo del juez Guillermo Scheibler en el que disponía que, hasta tanto la Corte resuelva, no se debían computar las inasistencias en el sistema educativo y se debía garantizar la educación virtual para aquellas familias o estudiantes que no quisieran ir de manera presencial. Larreta está hasta en desacuerdo con eso. Su cuidado por el sistema educativo no le impidió ir a sacarse fotos de campaña en jardines rompiendo las burbujas. Sobre esto último, recomiendo este hilo de la comunicadora social Cora Gamarnik.

A todas luces, un desquicio en medio de una segunda ola que arroja números más que preocupantes en la Ciudad, con una ocupación de las camas de terapia intensiva que en el sector privado ya toca el cien por ciento y en el público está alcanzando el 80 por ciento. Parece que no hay pandemia que valga cuando alguien quiere ser presidente.

En la misma semana tuvimos un apercibimiento del Ministerio de Seguridad nacional, conducido por Sabina Frederic, por las más de 500 denuncias que recibieron de que en la Ciudad no se cumplía el DNU. La funcionaria advirtió que la Policía de la Ciudad no lo estaba haciendo cumplir como es debido. Incluso, citó ejemplos como restaurantes donde las personas estaban comiendo dentro del área cerrada –cosa que el DNU no permite- con Policías de la Ciudad en la puerta.

Y también tuvimos una denuncia de la titular del PAMI, Luana Volnovich, porque no le llegaban personas para vacunar y descubrió que le habían asignado turnos a personas ya vacunadas o a personas muertas. La explicación que dio el Gobierno porteño sobre esto fue pobre: aseguraron que las listas del PAMI están desactualizadas. ¿No era que las personas se tenían que inscribir online? ¿Los muertos volvieron y usan Internet? Luego hubo reuniones entre las partes y quedó claro que el Gobierno porteño había elegido un método que –hasta donde se sabe- fue exclusivo para el PAMI: asignar turnos de manera compulsiva y automática a personas del padrón. Tampoco hubo explicación de por qué muchas de esas personas no fueron ni notificadas.

Si Larreta dijo que cada día de clases cuenta, deberíamos decir también que cada día de vacunación cuenta. El viernes no se pudo vacunar nadie en los centros del PAMI y eso que había vacunas. No hay lugar para desastres como el del PAMI o el que se vivió hace algunas semanas en el Luna Park, donde la gestión moderna de la derecha brilló por su ausencia.