No hay plata para las escuelas, pero sí para Durán Barba

Nos cansamos de escuchar a Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña decir que la prioridad es la educación. La semana que pasó el jefe de Gobierno se anotó una victoria política con un fallo de la Corte Suprema que pasó por alto indicadores sanitarios tomados en cuenta a nivel global y le dio la razón a Larreta para mantener las escuelas abiertas. Esto dejó desamparadas a las familias que no quieren enviar a sus hijos o hijas por temor al contagio y que sufren cada vez más presiones del Gobierno porteño, que le declaró la guerra a la virtualidad. La semana terminó con la muerte de una vicerrectora por COVID que había alertado sobre el riesgo de los contagios. Es la octava trabajadora de la educación que muere desde que volvieron las clases presenciales. Todo por la mentada importancia de la educación. Pero, la verdadera prioridad para la gestión PRO… ¿es la educación? ¿O es disponer un lugar donde dejar a los pibes para que las empresas puedan exigir a pleno a sus trabajadoras y trabajadores y los colegios privados, cobrar la cuota? Los números de recortes a la educación –que sumados dan unos 1000 millones- y los de las encuestas que Larreta pagará con dinero público –que superarán los 800 millones- nos hablan de otras prioridades muy distintas a la declamada.

La vicedirectora que murió se llamaba Silvina Flores. Contó en el blog de la Escuela 24 del Distrito Escolar 11 que la directora estaba aislada por COVID y ella se tenía que aislar por contacto estrecho. “Estamos atravesando una situación sanitaria inédita con un elevado nivel de contagios que está afectando nuestra vida familiar y escolar”, decía. Silvina se enfermó y, finalmente,  falleció por COVID. En la búsqueda de reemplazo que abrió tras su muerte hablan de un “accidente laboral”. Es la octava trabajadora de la educación que muere en la Ciudad de Buenos Aires desde el retorno de las clases presenciales. La abogada Valeria Carreras le metió una denuncia penal a Larreta por presunto homicidio.

Un integrante de esa comunidad educativa me mandó un mensaje, que resume el sentimiento general. Se los transcribo: “Silvina era una persona muy joven, compañera y buena gente. Aún no la habían vacunado, como a tantxs de nosotrxs. Sin presencialidad criminal Silvina hoy seguiría entre nosotros, peleando día a día por una educación pública de calidad, hace dos semanas atrás nomás hablábamos de la locura de este protocolo que solo existe en papeles mientras hacía malabares para cubrir burbujas de maestres que faltaban por ser contactos estrechos con casos sospechosos o recibía a los chiques a la mañana... ¿Quién repara otra muerte evitable? ¿Larreta? ¿Acuña? ¿Juntos por el Cambio? ¿La Corte Suprema? Uno, dos meses de virtualidad no matan a nadie, los contenidos educativos se recuperan tarde o temprano, la muerte es para siempre”.

Esto ocurre con el telón de fondo de esta trifecta: la obligación de dar clases presenciales, la lenta vacunación de los docentes y un recorte general al área. Como venimos contando en estas columnas, Larreta viene recortando obras y más obras de infraestructura escolar. El argumento que usa es el recorte a la coparticipación, por el que tendrá una reunión con el Gobierno nacional el 18 de mayo (desde Nación, evidentemente, se ven venir otro fallo de la Corte a favor de Larreta por ese tema y eligieron negociar).

Sea como sea, un informe del Frente de Todos en la Legislatura que fue sumando esos recortes llegó a la cifra de 528 millones de pesos que Larreta le sustrajo a las escuelas. Es plata que no irá ni a refacciones en las escuelas que lo necesitan, ni a construir escuelas nuevas, lo que podría empezar a resolver el eterno problema de las vacantes. A eso, se le suma la subejecución en infraestructura escolar, que en el cuarto trimestre de 2020 llegó al 48 por ciento.

Este panorama se agrava cuando se ve que el impacto de este ajuste sobre la infraestructura escolar golpea especialmente las comunas 4 y 8, del sur y el oeste de la Ciudad (donde están, por ejemplo, La Boca y Lugano). Es decir, las zonas más pobres de la Ciudad. No se puede decir que la gestión PRO no sea consecuente con sus políticas: es más de una década de recortes a la educación. Lo extraño es que ahora sean los abanderados de la educación presencial. Cosa que –insisto- se puede entender mejor si pensamos en las presiones del mercado laboral y los colegios privados por cobrar la cuota. 

La prioridad es esa y no la educación, sino que alguien me explique por qué Larreta tiene este año el presupuesto educativo con la participación más baja sobre el total de la historia de la Ciudad autónoma. Lo que se perdió en esa caída de la participación es equivalente a 60 mil millones de pesos en inversión educativa. Y a esto habría que sumarle, como calculó el colega Nicolás Lantos, los descuentos a salarios docentes por hacer paros. La cuenta es compleja porque no hay un número exacto de adhesión a los paros, pero hay que tener en cuenta que cada docente pierde unos 1500 pesos por cada día que hizo paro, sobre sueldos de 40 mil pesos o menos. Por lo que, en un cálculo global conservador, Larreta se estará “ahorrando” unos 500 millones de pesos con los salarios que no pagará por los paros.

500 millones menos en infraestructura escolar, 500 en descuentos salariales a docentes. ¿A dónde irá toda esa plata?, me pregunto. ¿A áreas prioritarias de la salud, como prometieron las autoridades porteñas cuando consiguieron superpoderes (la facultad de reasignar partidas a su gusto) con una ley de la Legislatura por la pandemia?

Respuesta: depende de lo que consideremos “prioritario”. Para Larreta, está claro que las encuestas y los focus groups son prioritarios. El Gobierno porteño acaba de finalizar una licitación para hacer encuestas sobre “temas específicos” que le permite gastar hasta un total de 838 millones de pesos.

En resumen: menos plata para educación, más plata para las encuestadoras. Entre las que ganaron, hay dos a las que habría que presarles atención: Green Consult SRL con 89.140.398 e Inversora Boroca SA con otros 77.793.300. Según un artículo del sitio El Disenso, por los directorios de estas dos consultoras se puede encontrar a dos personas muy cercanas a Durán Barba: Guillermo Garat y Rodrigo Lugones. Ambos fueron investigados junto con el consultor favorito del PRO por violar el código penal durante la campaña en la que se difundió mediante llamados telefónicos una información falsa sobre el padre de Daniel Filmus. Green Consult no sería otro que el nombre que adquirió Informe Confidencial luego de que Durán Barba y sus asociados fueran procesados en 2012. En Inversora Boroca aparece también Garat y "Gandhi" José Espinosa Tinajero (otro de los allegados a Durán Barba). De esta forma, el consultor ecuatoriano estaría cobrando su asesoría a Larreta a través de dos ventanillas, por un total que podría superar los 166 millones.

Si a alguien le quedaban dudas, esto revela claramente cuáles son las verdaderas prioridades de Larreta. Al final, con el fallo de la Corte solo potenció una candidatura presidencial, porque el resto –la asignación de gastos, las políticas públicas hacia la educación o el sur de la Ciudad- es lo mismo que venimos viendo desde hace una década con la gestión PRO.