Otra vez la polémica por la cantidad de personas en situación de calle

Desde hace años hay una polémica por los censos que hace el Gobierno porteño de personas en situación de calle, que le dan números muy alejados de los que registran las organizaciones que trabajan con esta población. Para que se den una idea, la administración de Horacio Rodríguez Larreta nos dijo en 2019 que tenemos mil personas viviendo en las calles de la Ciudad y las organizaciones que trabajan con el tema hicieron su propia medición y les dio ocho veces eso. Para terminar con la polémica, el Ministerio de Desarrollo Humano acordó a fines del año pasado hacer el censo en conjunto con las organizaciones sociales. No obstante, incumplió ese acuerdo e hizo el censo nuevamente por las suyas.

Las diferencias de número tienen que ver con las metodologías: no es lo mismo censar durante algunas horas de un día –como hace el Gobierno porteño- que hacer un trabajo de más de una semana –como hicieron en sus propios censos las organizaciones que trabajan en la materia-. Tampoco es lo mismo si se resta del número total a quienes están transitoriamente en un parador de la Ciudad –que claramente no salieron de forma definitiva de la calle- o los que tienen un subsidio para alquilar un cuarto en una pensión por tres meses.

Esas son algunas discusiones que vienen teniendo hace años entre la gestión PRO y las organizaciones sociales y que parecían haber llegado a un acuerdo a fines del año pasado, cuando el 23 de diciembre de 2020 firmaron un acta acuerdo que conformaba una mesa de trabajo integrada por las organizaciones, los organismos públicos de defensa y las áreas del Gobierno porteño que abordan la temática en la Ciudad, con el objetivo de desarrollar en conjunto la metodología e implementación del censo que debe hacerse todos los años, según marca la ley.

Lo cierto es que no hubo ningún acuerdo en la metodología y, en lugar de hacer el censo de manera conjunta, lo hizo el Gobierno porteño solo, una vez más. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano sostienen que la metodología que proponían las organizaciones sociales podía generar casos donde una persona fuera contada dos veces.

Las organizaciones sociales plantearon, en cambio, que el método del Gobierno porteño es evidentemente fallado y lleva indefectiblemente a un subregistro de la población en situación de calle, dado que evita hacer un censo prolongado, no recolecta datos de minorías específicas y no tomó en cuenta las recomendaciones que hicieron. La exclusión de las organizaciones vuelve todo a la situación anterior, donde el Gobierno porteño informaba un número muy por debajo de lo que veían el resto de los actores involucrados.

Las organizaciones plantean, por ejemplo, que el Gobierno porteño se negó durante los cinco meses de charlas a incluir en el conteo a las personas que se encuentran en centros de integración o dispositivos de alojamiento. ¿Es posible pensar que una persona que ese día puntual está en un parador no es una persona en situación de calle? Lo mismo con los hotelados: ¿alguien que tiene un subsidio transitorio para ocupar un cuarto en un hotel tiene su situación habitacional resuelta? La ley obliga a incluirlos en el censo larretista y no se lo hace.

También contaron que las autoridades porteñas no aceptaron extender el plazo del censo: lo hicieron el 11 de mayo, entre las 18 y las 6 de la mañana. Es decir, en gran parte del tiempo cuando está prohibida la circulación. Tampoco permitieron que representantes de las organizaciones participaran del censo. Además, rechazaron preguntar a las personas si tuvieron COVID, si sufrieron violencia institucional y otras preguntas para mujeres o personas trans.

Hace ya un tiempo, hicimos en Nueva Ciudad este informe especial en el cual dimos cuenta de que la discusión por los números viene desde hace rato.

La ley que obliga al Gobierno porteño a hacer el censo es de 2010, pero nunca la cumplió del todo. Los relevamientos que se hacen siguen siendo en una sola noche y suelen hacerse con menos de 50 personas. El Gobierno porteño no cambió sus números ni ante fallos judiciales en contra. 

La legisladora Laura Velasco y la entonces diputada y ahora titular del INADI Victoria Donda presentaron en su momento un amparo por este tema y la jueza Elena Liberatori ordenó hacer el censo como manda la ley. “El relevamiento del año 2016, por lo pronto, no abarca a la totalidad de las personas especificadas en forma expresa por el art. 2 de la Ley 3706, por cuanto en ninguna se alude a las personas en riesgo a la situación a calle. Queda evidente el desganado actuar de los funcionarios administrativos que en una noche al voleo, previa al mayor impacto de la crisis económica y del clima invernal en su punto más álgido, maquillan en un informe datos no comprobables, y casi seguramente no ajustados a la realidad, por cuanto tampoco se especifican procedimientos preestablecidos de trabajo ni las pautas que reglamentariamente deben estar hechas al presente”, indicó la jueza en ese fallo. “Llama escandalosamente la atención que el mismo se base en un único relevamiento de una noche otoñal, sin considerar, el complejo y dinámico universo social que compone el colectivo humano de personas en situación de calle y en riesgo a la misma. Ni metodología, fundamentación ni propósitos han sido informados y en mi convicción, siquiera existen”, sentenció.

El año pasado parecía que algo iba a cambiar, pero fue todo marketing. A los fallos judiciales, se suman los informes negativos de la Auditoría General de la Ciudad (como uno reciente, que señala falencias en el programa Buenos Aires Presente). Su presidenta, Mariana Gagliardi, advirtió ante esta nueva situación que "es preocupante la metodología del gobierno porteño para realizar el censo a personas en situación de calle. En 2019, informaron que eran 1147 personas mientras que el que hicieron la Defensoría del Pueblo, la Auditoría, organizaciones sociales y políticas detectaron 7251. La diferencia es abismal. El año pasado lo suspendieron y este año no hemos sido convocados”.

Reitero lo que dije ya hace algunos años sobre este tema: si el Gobierno porteño ni siquiera registra a estas personas, mucho menos va a ayudarlas. Hasta ahora no informó, por ejemplo, qué planes tiene para vacunarlas contra el COVID.