Aborto legal: presentaron el protocolo IVE para los y las trabajadores de la salud

En el marco del Día Global de Acción por la Salud de las Mujeres y a 16 años del lanzamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se realizó la presentación del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE).

Se trata de una guía para que los equipos y centros de salud puedan llevar adelante los procedimientos en el marco de la Ley N° 27.610 -sancionada en diciembre-, publicada hoy en el Boletín Oficial como anexo de la resolución 1535/2021 del Ministerio de Salud.

La Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, estuvo presente en el acto y destacó que “es una enorme conquista de las luchas de las mujeres y diversidades. No lo tenemos que naturalizar”. A su vez, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gomez Alcorta refirió que “con este protocolo estamos dando un paso más en la historia de la igualdad y la justicia social. Es una herramienta indispensable para cumplir con la IVE y la ILE en todo el país y evitar peligros y daños a las mujeres y personas gestantes” que solicitan la práctica.

Por su parte, la ministra de Salud Carla Vizzotti también se hizo presente en el acto desde Cuba donde se encuentra en el marco de las negociaciones para adquirir más vacunas junto a Cecilia Nicolini, ambas sostuvieron que “es una guía para todo el sistema de salud. Las provincias y las organizaciones son protagonistas para garantizar esta ley y estos derechos” y que “este derecho lo tenemos que seguir conquistado para toda América Latina”, respectivamente.

La guía se publicó por la mañana en el Boletín Oficial como anexo de la resolución 1535/2021 del Ministerio de Salud. La misma toma “las recomendaciones internacionales” sobre los procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral y la necesidad de que se garantice la práctica “en el primer nivel de atención”.

También establece estándares de calidad tanto legales como clínicos “para dar respaldo a las instituciones” en la garantía del derecho a la IVE y a la ILE.

Qué dice el protocolo

El documento podría leerse en dos partes una que desglosa el marco legal y otra que se enfoca en el proceso de atención integral de las personas gestantes. La primera incluye los principios rectores del derecho a interrumpir el embarazo; las condiciones para el acceso a la IVE y a la interrupción legal del embarazo (ILE); el consentimiento informado necesario en cada caso; la objeción de conciencia; y la responsabilidad profesional e institucional.

Mientras que la segunda se ocupa del proceso de atención integral de las personas con derecho a ILE y a la IVE. Así está planteada “en base a la comprensión fundamental de que el personal de salud es responsable de asegurar y no obstruir el derecho a la IVE”.

Según el artículo 4° de la Ley n° 27.610, las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Los cuerpos gestantes además tienen derecho a acceder a la ILE si el embarazo fuere resultado de una violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

La realización de una IVE o ILE debe cumplir los principios y derechos que figuran en el artículo 5° de la Ley: Trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información, y calidad para garantizar el tratamiento del aborto conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el marco de los derechos humanos.

La Ley N° 27.610 enmarca también un espacio de consejería en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y personas con capacidad de gestar con el propósito de informarlas, asesorarlas y acompañarlas “en la toma de decisiones autónomas” y es resultado de un trabajo multisectorial y articulado que lleva más de una década desde la publicación.

En 2007, durante la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García, en el gobierno de Néstor Kirchner, de la primera “Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles”, que en los últimos años se fue actualizando, la última vez en 2019, a poco de asumir la presidencia Alberto Fernández y luego de que el ex presidente Mauricio Macri, a poco de finalizar su mandato, diera marcha atrás en su publicación.

El protocolo se fundamenta en los compromiso del Estado argentino para garantizar los derechos sexuales y reproductivos establecidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución nacional, además de respetar el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación, así como por todas las leyes concordantes de protección de pacientes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre otras”, se explicó.