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- 01.06.2021
COMUNA 5
El Gobierno porteño subastará un jardín de infantes en Almagro porque lo considera innecesario
El Gobierno de la Ciudad subastará una escuela infantil del barrio de Almagro porque lo considera innecesario cuando es en ese nivel donde más vacantes faltan. Buscan subastarlo por 300 mil dólares.
Se trata del Centro de Desarrollo Infantil (CEDI), ubicado en Pringles 340/42/44, uno de los pocos jardines que admiten niños y niñas de 45 días a 3 años. Mientras en la Comuna 5 faltan al menos 500 vacantes en ese rango etario, el Gobierno de la Ciudad pretende rematarlo mañana miércoles. También avanzan en la subasta del predio lindero, ubicado en Pringles 354.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad realizó presentaciones judiciales para detener ambas subastas e impulsa una campaña para que ese edificio y el terreno se transformen en un gran jardín de infantes.
La subasta del predio de Pringles 340 –autorizada por la Ley N° 3397- se prorrogó para mañana miércoles con un precio base de USD 295.081. En el caso del terreno ubicado en Pringles 354, por ahora, no hay subasta programada aunque ya está autorizada por la ley N° 6.287.
Esta última ley fue sancionada por la Legislatura porteña el 5 de diciembre de 2019, con 42 votos a favor y 14 votos negativos, y autorizó la venta de 58 inmuebles que el Gobierno de la Ciudad consideró innecesarios para su gestión. Durante el tratamiento de este proyecto y en forma previa a esta decisión no se realizó ninguna instancia de participación ciudadana a pesar de que el Plan Urbano Ambiental establece que el manejo del Banco de Tierras e Inmuebles de la Ciudad debe ser implementado en marcos participativos. La ausencia de participación ciudadana al momento de definir la venta de estos predios no es menor si se considera que la superficie total aproximada de los 58 inmuebles es de 40 mil m2.
Por ello, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPYPP y la Defensoría de Laburantes presentaron una acción de amparo colectivo para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la ley N° 6.287 que autorizó la venta de numerosos inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad, entre ellos el predio ubicado en Pringles 354, y realizó una presentación judicial para frenar la subasta del predio donde funciona el Centro de Desarrollo Infantil (CEDI), ubicado en Pringles 340/42/44.
Hasta el momento las medidas cautelares solicitadas fueron rechazadas por la Sala IV del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. La misma sala que suspendió la vigencia del DNU presidencial que suspendía las clases presenciales.
"La justificación para vender estos predios es que el producto de la venta será destinado a salud, educación, vivienda o ampliación de la red de subterráneos, pero se trata de una trampa retórica", explica Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
"El dinero que se obtiene de estos remates es destinado, por ejemplo, a pagar estudios de opinión pública y encuestas electorales como las que realizó el Gobierno en abril de este año por más de $800 millones de pesos, o para costear la infraestructura de servicios para mega emprendimientos privados como el Parque de la Innovación, donde se adjudicó a la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. la construcción de las veredas y la infraestructura de servicios por un monto de $998 millones de pesos", continúa Baldiviezo.
María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, expresó: "En momentos en que se discute y polemiza si las clases deben ser presenciales, virtuales o bimodales, queda en segundo plano el debate de la falta de jardines públicos en la Ciudad, que ayudaría a resolver entre otros problemas que las madres o padres que trabajan puedan dejar al cuidado de personal docente especializado a les niñes de 45 días a 3 años. Por ello, impulsamos una campaña para que ambos predios se transformen en un gran jardín de infantes. Un eje arquitectónico del Gobierno de la Ciudad es priorizar la transferencia de recursos públicos a manos privadas sin consideración, en este caso, de la comunidad porteña, quien debería decidir el destino de estos inmuebles que les pertenecen y que no son los bienes de una clase política coyuntural".
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