Paseo de la Impunidad: todos sobreseídos en la principal obra pública de la Ciudad

Acompáñenme en esta triste historia. Hace ya algunos años la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, que en ese momento era Cecilia Segura, denunció una serie de irregularidades ante el Poder Judicial por la licitación del Paseo del Bajo, cuya parte más jugosa se había quedado la empresa del primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.  Lo hizo luego de que una mayoría de auditores de Horacio Rodríguez Larreta y sus aliados frenaran mayores investigaciones de la auditoría sobre esa obra. La causa le cayó al juez Claudio Bonadío, quien la cerró sin investigar. Tres fiscales consideraron que habría que hacer lo opuesto: primero investigar y luego llegar a alguna conclusión, pero una cámara –que integra dos jueces que Macri metió por la ventana- resolvió que todo se archive. Y aquí no ha pasado nada.

La obra del Paseo del Bajo quizás sea recordada como uno de los caballitos de batalla de la campaña de Macri en 2019. El entonces presidente se agachó, golpeó el pavimento y dijo: “Esto es real”. Lo que también era bastante real era la denuncia penal que se comieron los funcionarios que hicieron la licitación. El esquema es complejo, pero intento resumirlo: había tres tramos, uno de ellos era el más caro y codiciado. Era el que se iba a licitar primero así la empresa que ofreciera el monto más bajo lo ganaba y eso implicaba un mayor ahorro para el Estado. Cada vez que se licitaba un tramo, el ganador quedaba eliminado de las siguientes compulsas. Pero hubo un cambio de último momento: la parte más cara pasó a ser licitada última (en vez de primera), de forma tal que las empresas con ofertas más convenientes quedaron eliminadas antes de que se licitara ese tramo y así lo ganó IECSA, la empresa que era de Calcaterra y que supuestamente vendió a Marcelo Mindlin (aunque hay sospechas de un fiscal de que no la vendió realmente).

Esta denuncia cayó en manos de Bonadío, quien tuvo la causa la mayor parte del tiempo. De los dos años y medio que existe el expediente, la mitad estuvo cerrado. La fiscal Alejandra Mangano fue la primera que dijo que se tenía que investigar si se cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Pero Bonadío, antes de morir, la cerró. Lo hizo a fines de diciembre de 2019, como para demorar las apelaciones, que efectivamente ocurrieron.

Apelaron desde las fiscalías, dado que además de Mangano, el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez consideraba que se tenía que profundizar la investigación. En la Cámara intervino otro fiscal, que no está concursado sino puesto allí por Eduardo Casal, el funcionario que ocupa de forma interna la procuración desde que Macri logró echar a Alejandra Gils Carbó. Ese fiscal, José Agüero Iturbe, también consideró que faltaba seguir investigando y pidió que se reabra la causa.

Allí entraron en escena tres camaristas cercanos a Macri: Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos últimos llegaron por traslados que fueron anulados por el Consejo de la Magistratura y el Congreso, a pedido del Ejecutivo, pero la Corte los mantuvo en su lugar hasta que se hagan los concursos correspondientes. Es decir: son jueces que Macri metió por la ventana. En este caso, los camaristas dijeron que tenían razón Larreta, Guillermo Dietrich y el resto de los imputados y que la causa debía cerrarse sin más.

“Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades en las tramitaciones administrativas”, se mofaron de los fiscales. “Pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas postuladas con una hipótesis de relevancia penal”, aseguraron los camaristas.

Ahora todo queda en manos del fiscal Iturbe, quien debe apelar a Casación para que resuelva si la causa efectivamente queda cerrada. En su dictamen ya señaló que IECSA está investigada también por el pago de sobornos en la causa Odebrech y que Calcaterra debió declarar  como imputado en la causa de los cuadernos, que también instruía Bonadío (pero a la que le puso otra garra cuando el imputado no era Larreta).

Si finalmente Casación confirma todo lo actuado, Larreta habrá logrado zafar de una de las más grandes denuncias por corrupción que tuvo sin ni siquiera haber sido citado a declarar como imputado. Todo un logro.