La mayoría automática de Larreta está bien protegida

Era previsible: los bloques que responden a Horacio Rodríguez Larreta y a Martín Lousteau archivaron el pedido de juicio político a los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño que el año pasado sacaron un fallo escandaloso en el que, contra lo que dice explícitamente la Constitución porteña, afirmaron que el Estado porteño no tiene ninguna obligación de proveer vacantes y educación a niños y niñas hasta los cuatro años. Y que quienes lo soliciten deben probar que no pueden pagar una escuela privada. Veinte legisladores del Frente de Todos y de la izquierda habían pedido la remoción de los jueces por ese fallo, pero la iniciativa fue archivada. No obstante esa sentencia fue tan aberrante que no generó jurisprudencia: es decir, no fue acatado por las instancias inferiores, que siguen fallando en función de la Constitución porteña y exigiendo vacantes. Larreta no necesitó reformar la carta magna de la Ciudad: le alcanzó con conseguir cuatro jueces que hicieron de cuenta que decía otra cosa sobre el derecho a la educación.

El juicio político fue pedido en diciembre del año pasado por 20 diputados que dieron una conferencia conjunta. Indicaron que los jueces de Larreta habían vulnerado no solo la Constitución porteña sino tratados internacionales. En la sesión, ya había un dictamen de mayoría del larretismo y sus aliados que establecía el archivo del juicio político. El principal argumento es que no se puede remover un juez por el contenido de sus fallos, solo por su conducta. Con esa premisa, Mauricio Macri no tendría que haber expulsado a un buen número de jueces federales que no fallaron como él quería en sus cuatro años frente al Gobierno nacional. No importa, tenían los votos y archivaron el pedido de juicio político.

La vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, Lorena Pokoik, dijo durante la sesión: “El vaciamiento educativo que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad, y este fallo del Tribunal Superior de Justicia, no le dejan ninguna salida a las familias: mientras Larreta no les asigna una vacante en la educación pública y gratuita a casi 30 mil pibes y pibas, el TSJ les quita a las familias la posibilidad de acceder a la justicia para obtener una vacante. Es por eso que desde nuestro lugar, como legisladoras y legisladores del Frente de Todos, vamos a utilizar todas las herramientas de la democracia para terminar con esta justicia adicta y arrodillada al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que actúa conjuntamente con quien llevó adelante las peores políticas de vaciamiento en salud, educación y en cada uno de los sectores”.

No tengan dudas: ese fallo del TSJ tiene pocos antecedentes y muestra una notoria falta de independencia del Poder Judicial porteño con respecto a los deseos del jefe de Gobierno. Los detalles los conté por acá, pero no quisiera dejar de resumírselos, para que vean lo que convalidaron los legisladores de Larreta y Lousteau.

La Constitución porteña dice claramente: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior". ¿Cómo hicieron los jueces para hacerle decir lo contrario? La voz cantante la tuvo la magistrada Marcela De Langhe, una de las juezas que sumó Larreta al TSJ y que estuvo cuestionada por cobrar del Gobierno porteño mientras era camarista. La magistrada afirmó  “no   existe   una   obligación   gubernamental   de   proveer vacantes  en   el   nivel   inicial   no   obligatorio   del   sistema   educativo   de   gestión pública para todo aquél que lo solicite, sino que el deber estatal comprende la asignación de las vacantes existentes de acuerdo al régimen de prioridades que establece la normativa vigente”. Es decir, que Larreta tiene que administrar la escasez de vacantes. Y darle prioridad a los sectores populares. Por lo tanto, el que se pueda pagar una privada, automáticamente deja de tener derecho a la educación pública hasta que sus hijes cumplan los 4 años. Y a otra cosa.

Al voto de Langue le sigue el de Inés Weinberg de Roca, a quien Macri conoció en un gimnasio de Palermo chico y promovió a jueza del TSJ. Luego, tras echar a Alejandra Gils Carbó, también intentó que Weinberg de Roca fuera su procuradora. Weinberg de Roca coincide con Langue y establece que el Estado porteño solo debe garantizar la educación para el nivel obligatorio para las familias (es decir, a partir de los cuatro años). Lo mismo plantea en su voto Santiago Otamendi, que llegó al TSJ promovido por Larreta. Había sido juez de la Ciudad, pero no llegó de allí al TSJ, sino directo desde el Ministerio de Justicia nacional que conducía Germán Garavano. Otamendi era su secretario de Justicia. Es decir que Otamendi pasó de ser funcionario de Macri a integrar la Corte Suprema porteña.  Mucho más argumentando y prolífico de citas en el idioma original de la Corte Suprema de EEUU fue el fallo de Luis Lozano.

Estos son los cuatro jueces que fallaron contra el derecho constitucional a la educación de niños y niñas. Pero no tienen nada de qué preocuparse: Larreta los protege.