Reclaman que el convenio con IRSA por Costa Urbana se debata en la Comisión de Espacio Público

Mientras el oficialismo porteño avanza con la intención de darle un tratamiento exprés a la ley que autorizará la construcción de Costa Urbana en la Costanera Sur, la presidenta de la Comisión de Uso y Protección del Espacio Público de la Legislatura, Claudia Neira, pidió que el Convenio Urbanístico entre el Gobierno Porteño e IRSA vuelva al debate de comisiones para evaluar y estudiar el proyecto inmobiliario en las tierras de la ex ciudad deportiva Boca Juniors.

Neira presentó una observación al Despacho N° 0220/2021 emitido el pasado 26 de Julio, en la que advierte la exclusión de la Comisión de Espacio Público en el debate. “En sólo 6 días el oficialismo presentó el proyecto en la Legislatura, reunieron a las comisiones y dejaron el proyecto en condiciones de ser votado en la sesión del próximo jueves 5 de agosto. Han excluido explícitamente a la única comisión que tiene competencias originales en este tema. Y es justamente la única que es presidida por una diputada de la oposición”, señaló la legisladora del Frente de Todos.

“Crear y mejorar el espacio público en la Ciudad es un tema prioritario y debe ser analizado en detalle. En estas condiciones pretenden votar una construcción en la parcela más grande y más cara de la Ciudad”, criticó. Y agregó: “Nunca hemos logrado que el Ejecutivo explique cuál es su planificación, ni los modelos de gestión de los escenarios de urbanización destinados a desarrollos inmobiliarios. Vemos que la única política es la celebración sistemática de convenios urbanísticos bajo una lógica regida por los proyectos de los privados. Larreta no tiene una estrategia de desarrollo y no hay una política inteligente donde el Estado planifique, establezca prioridades y ordene la inversión pública y privada que garantice el equilibrio sustentable en toda la Ciudad”.

El proyecto de IRSA avanza rápidamente y podría ser tratado este jueves en la sesión ordinaria de la Legislatura, aunque hay un freno judicial vigente: una precautelar que debería frenar su tratamiento hasta tanto se convoque a audiencia pública y se realice un informe de impacto ambiental.