Larreta intentó entregar los terrenos al grupo IRSA, pero le faltaron votos

Esta vez, no se pudo. Pero no será la última vez que lo intenten. Como habíamos anticipado, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, hizo caso omiso a un fallo judicial del juez Guillermo Scheibler que ordenaba detener todo trámite legislativo hasta que se hagan los estudios de impacto ambiental sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de La Boca que el Grupo IRSA hace años quiere convertir en un Puerto Madero 2. Con cuestionamientos al juez, desde el oficialismo porteño siguieron adelante con el intento de cambiar la zonificación del área para permitir que el grupo de Eduardo Elsztayn pueda edificar torres de lujo, hoteles y otros desarrollos inmobiliarios en la zona. El proyecto venía en tratamiento express por parte del oficialismo, pero la oposición porteña se lo pudo frenar, de momento.

No importó la medida cautelar que advertía que faltaban estudios, que hacía falta que se presentaran en una audiencia pública. Nada de esos fue importante. El PRO avanzó como si no existiera Poder Judicial. No solo no acataron el fallo, sino que atacaron al juez. El titular del bloque de Vamos Juntos, Diego García Vilas, le apuntó al juez Scheibler, al que acusó de haberse entrometido con otro poder del Estado. Y presentó una cuestión de privilegio, al igual que sus aliados Martín Ocampo y Sergio Abrevaya. No es la primera vez que esto se plantea: hace algunos años, cuando Mauricio Macri quiso poner a otra jueza afín en el Tribunal Superior de Justicia, llamada Daniela Ugolini, pasó algo similar con este juez y otros dos. Y el argumento fue el mismo. De hecho, lo llevaron ante el TSJ por un supuesto conflicto de poderes.

Lo que prefirieron ignorar es que el juez no se basó en un capricho, sino en lo que disponen las leyes y la Constitución porteña, que estaría siendo crasamente ignorada para servirle en bandeja los terrenos a uno de los grandes especuladores inmobiliarios. En la cautelar que dictó, el juez advirtió que por “las características del proyecto propuesto por IRSA" (un megabarrio de torres de lujo, oficinas, hoteles en la Costanera Sur) la normativa indica que se debe seguir un "procedimiento técnico administrativo completo de evaluación de impacto ambiental, que incluye entre sus alternativas de modo obligatorio la realización de una audiencia pública".

Larreta hizo todo lo que pudo para cumplirle al Grupo IRSA, pero le faltaron votos. Necesitaba dos tercios para sumar el tema a la sesión y consiguió 35 votos afirmativos y 19 en contra. Ya desde la oposición empezaron a advertir que, si este año hace una elección arrasadora, tendrá mayoría absoluta en la Legislatura y podrá hacer lo que quiera con estas (y otras) tierras que antes eran del Estado. Está muy cerca de los 40 legisladores que necesita.

El Frente de Todos y el FIT no acompañaron la entrega final de esas tierras, que el Estado donó hace 50 años a un club de fútbol para hacer un espacio recreativo para el barrio y hoy terminaría siendo un complejo de torres de lujo. Desde el Frente de Todos plantearon en un comunicado que “pese a los fallos de la Justicia, quieren avanzar con los barrios privados en CABA. La voracidad por los negocios inmobiliarios de Larreta en las tierras costeras avanza rápido y de espaldas a lxs ciudadanxs. Trataron con Costa Salguero y no pudieron, ahora van por la Costanera Sur. Se nota mucho para quién gobiernan”.

Siempre es importante recordar que estamos hablando de tierras que fueron del Estado. En 1964 el Congreso se las donó al Club Boca Juniors para que construyera su Ciudad Deportiva, algo que nunca ocurrió. En 1989 una nueva ley permitió que el terreno, que antes era del Estado, fuera vendido. Poco después, Carlos Menem se metió con un decreto para ampliar los terrenos a privatizar y en 1993 la sociedad Santa María del Plata lo compró por 22 millones de dólares. En 1997 entra en acción el Grupo IRSA, que lo compra a su vez por 50 millones de dólares. Desde entonces, intentó varia veces introducir a través del PRO un proyecto en la Legislatura para concretar el negocio.

Para dar una idea: si se aprobara la ley que plantea Larreta, según calculan en el Observatorio de Derecho a la Ciudad (ODC), la zona “muy de mínima, saldrá US$ 1612 millones”. Es exponencial la ganancia que se proyecta, lo que explica por qué cada dos o tres años se vuelve a presentar el mismo proyecto de ley, siempre de la mano del PRO.