El oficialismo volvió a apuntar contra el juez que intentó frenar el tratamiento del acuerdo con IRSA

Aunque el convenio entre IRSA y el Gobierno de la Ciudad ya fue aprobado en primera lectura y el emprendimiento inmobiliario Costa Urbana está más cerca de concretarse sobre los humedales de Costanera Sur, el oficialismo porteño insistió con su repudio al juez que intentó frenar el tratamiento legislativo del tema, haciendo lugar a un amparo pedido por organizaciones sociales y ambientalistas.

Así, la Legislatura sancionó un proyecto de resolución en el que rechazaron la  decisión adoptada por el juez Guillermo Scheibler, contra quien ya habían apuntado en la sesión en la que se debatió Costa Urbana.

Según consignó el portal Parlamentario, en el texto aprobado los diputados manifestaron que la actitud del magistrado demuestra un “claro desconocimiento de las atribuciones constitucionales privativas de esta Legislatura” y reafirmaron “la independencia del Poder Legislativo, en resguardo de todas las facultades  que le son propias y le son concedidas por la Constitución de la Ciudad”.

En los fundamentos de la medida, los legisladores afirmaron que “la interferencia en el procedimiento mismo de formación y sanción de leyes es absolutamente inadmisible, en tanto implica un flagrante avasallamiento de una facultad constitucional privativa del Poder Legislativo, como la de llevar adelante todos aquellos trámites constitucionales y reglamentarios necesarios que suponen el tratamiento de un proyecto de ley”.

Advirtieron que “los proyectos a tratar y debatir por parte de los miembros de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden quedar a merced de la voluntad de otro Poder, a cuya circunstancial opinión deberíamos supeditar toda la labor legislativa que se desarrolla en esta Casa. Tal forma de proceder se hallaría reñida directamente con el principio de separación de poderes”.

Lo cierto es que el magistrado había hecho lugar a un recurso presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y otras entidades en defensa de la costa como espacio verde y público. Su planteo apuntaba a que se realizara un estudio de impacto ambiental y se convocara en función de ello a una audiencia pública antes de dar inicio al tratamiento legislativo. Su postura fue rebatida por otro juez, que dio lugar así al avance del acuerdo entre el Gobierno porteño y el gigante inmobiliario.