Un atajo para una Corte larretista

En una megasesión, la Legislatura le dio casi todo lo que quería a Horacio Rodríguez Larreta. Primero, metieron por la ventana un cambio central en el orden del Poder Judicial: le dieron al Tribunal Superior de Justicia el poder de meterse en causas nacionales. Lo hicieron con una modificación de último momento de un proyecto, sin un debate profundo y lo votaron en la Legislatura porteña cuando muchos advertían que es un tema para que discuta, en todo caso, el Congreso nacional. En la práctica, fue oficializar lo que el TSJ viene haciendo, por ejemplo, al meterse en la causa del Correo para salvarle las papas a Mauricio Macri. Pero esto no fue todo: en la misma sesión le dieron a Larreta otra alegría. Aprobaron 11 de los 16 complejos de torres de lujo que había mandado el Gobierno porteño. Los 5 restantes no tuvieron apoyo de los radicales. Mientras desalojan y dejan sin hogar a personas en la 31, la Legislatura se dedica a autorizar más y más torres para los sectores más pudientes. Así es la Ciudad de Larreta.

Hace tiempo que el TSJ –el equivalente a la Corte Suprema de la Ciudad- fue colonizado por el PRO. Entre sus integrantes, hay un ex funcionario de Macri, una ex directora de la escuela de la Policía de la Ciudad y la candidata a procuradora del ex presidente. Solo con esos tres, tienen una mayoría automática para voltear fallos a favor de los trabajadores y trabajadoras o negar el derecho a la educación a niños y niñas (como cuando dijeron que para obtener una vacante antes de los cuatro años en el sistema público hay que probar que la familia es pobre).

Pero no les alcanzó con controlar la Justicia porteña y este Tribunal porteño comenzó a meterse por la ventana en las causas nacionales. Lo hizo de una forma bastante escandalosa en la causa del Correo, donde Macri estaba cada vez más en problemas y quería evitar que le decretaran la quiebra del holding familiar. El TSJ intervino “oportunamente” y generó una polémica. Le advirtieron que estaba actuando sin ningún marco legal.

Ahí intervino el bloque larretista, que metió de prepo una modificación a un proyecto en apariencia inocuo (tenía que ver con las firmas digitales en el Poder Judicial) y pasó a discutir de la noche a la mañana la habilitación para que la Corte porteña sea una ventanilla alternativa a la Corte Suprema de la Nación. Esto significa que, de ahora en más, si a alguien del PRO no le gusta un tribunal nacional, optará por elegir el de los amigos para resolver una causa. La Asociación de Magistrados dijo que era “un conflicto institucional sin precedentes”. La Cámara de apelaciones del Trabajo manifestó su preocupación por lo que estaban haciendo. Y siguen las firmas.

La sesión en la que se votó esto estuvo cargada de polémica. El que metió la modificación a último momento fue el legislador Gastón Blanchetière (Vamos Juntos) y se dedicó socarronamente a gastar a los opositores: les decía que viven en el pasado.

Del otro lado, las voces de las legisladoras Lucía Cámpora y Claudia Neira advirtieron que lo que se estaba votando era inconstitucional, que debía –en todo caso- ser tratado en el Congreso nacional, e incluso señalaron que ya hay movidas para que el TSJ intervenga en contra de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de las App de delivery. Por eso es que la mayoría de las agrupaciones de abogados laboralistas iban en contra de esta ley.

La jugada es, por lo tanto, mucho más grande que solamente proteger a Macri. Es generar un tribunal afín que pueda resolver sobre múltiples cuestiones que le interesan al PRO, puenteando los tribunales nacionales. Venden como autonomía lo que, en verdad, es el control del Poder Judicial. Esta maravilla la votaron 38 legisladores. Larreta está cerca de llegar a los 40 y poder hacer literalmente lo que quiera en la Legislatura (aunque ahora casi ni se nota).

En la sesión del jueves pasado de la Legislatura también hubo, en medio de los desalojos a familias en la Villa 31, tiempo para comenzar a autorizar más torres de lujo, que es lo que verdaderamente anda necesitando esta Ciudad.

Como prueba de que Larreta todavía no puede hacer absolutamente todo lo que quiere, le aprobaron 11 de los 16 complejos de torres que mandó. Le faltó el apoyo de los radicales para los otros cinco. Los que se aprobaron fueron en primera lectura, eso significa que falta una audiencia pública y otra votación. Tuvo allí 33 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones de la Coalición Cívica. Los barrios que recibirán torres serán Belgrano, Palermo, San Cristóbal, Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro y Caballito. En la calle Arcos 1865, por ejemplo, demolerán una casa antigua para hacer una torre de 71 metros. En 11 de septiembre 1535 se levantarán 53 metros de departamentos detrás de una casona con protección cautelar. Y así siguiendo.

Las que no tuvieron aprobación fueron una torre de 72 metros que la empresa Nehuente proyecta junto al monasterio y la iglesia de Santa Catalina, Monumento Histórico Nacional ubicado en APH. En ese lugar ya hubo un amparo de la ONG Basta de Demoler y el TSJ –sí, el mismo que controla Larreta- suspendió la obra por peligros estructurales para el edificio patrimonial. Pero la Legislatura vuelve a la carga con hacer las torres. Desde Basta de Demoler piden hacer un espacio verde. También quedó afuera –de momento- la torre más alta que se pretendía aprobar, de 85 metros, en Huergo y Estados Unidos.

No es casual que esto ocurra en la misma semana en que vimos un desalojo brutal de familias en la Villa 31. El proyecto de gentrificación implica la expulsión de las clases bajas hacia los márgenes de la urbe, mientras la tierra y el costo de vida en la Ciudad se vuelven caros hasta lo insoportable. Y si vas a reclamar al Poder Judicial, cada vez más lo manejan ellos.