Ante un gran operativo policial, protestan contra la reforma judicial que amplía las competencias del TSJ porteño

En la última sesión ordinaria de la Legislatura porteña se aprobó otro polémico proyecto impulsado por el oficialismo. El mismo apunta a ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires para que tenga injerencia en causas del ámbito nacional. Desde que se conoció, su contenido fue rechazado por la oposición parlamentaria y ahora se suman sectores del Poder Judicial que consideran la modificación como inconstitucional.

Hoy, con un fuerte operativo policial, distintas organizaciones judiciales, asociaciones de abogados, de magistrados, gremios protestan para rechazar la reforma judicial en la calle Cerrito 760, frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia porteño.

Ayer, la legisladora del Frente de Todos, Claudia Neira, repasó lo que ocurrió: “Hubo una situación que se dio en una comisión. Estábamos dictaminando un proyecto sobre la digitalización de las notificaciones, una cuestión totalmente formal que era residual de la pandemia”.

“Estaba a punto de firmarse el dictamen-agregó Neira- y un diputado del oficialismo planteó que se haría un agregado. Y era este proyecto que tiene que ver con modificar el procedimiento recursivo ante el Tribunal Superior de Justicia (porteño), incluyendo las causas que tramitan ante los juzgados y las cámaras nacionales. Con otras diputadas y diputados resolvimos que en esas condiciones no podíamos acompañar”.
 
En un comunicado, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, que convoca al acto del miércoles destacó: “La aplicación de esta ley implicaría que las causas que se sustancien ante los juzgados nacionales se prolonguen en el tiempo como consecuencia de una nueva instancia. Y además que las sentencias que dicten jueces nacionales sean revisadas por los ministros de la Corte porteña, quienes ha demostrado una parcialidad notoria a favor de los grandes grupos económicos y en perjuicio de las personas trabajadoras”.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, adelantó que la entidad hará un “planteo jurídico para lograr la inconstitucionalidad”. “No es facultad de la Legislatura porteña sino del Congreso Nacional modificar fueros, competencias y jurisdicciones legales. Es un tema grave en sí mismo, aún si no tuviera un eventual componente político, que obviamente tiene”, remarcó Gallo Tagle.

Por su parte, la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo le pidió al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que “se abstenga de promulgar esta ley por resultar contraria a nuestro orden constitucional”. Y solicitó “la inmediata intervención del Congreso de la Nación”.