Un freno para el Tribunal Superior de Horacio

En esta columna, suelo traer las cuestiones que me resultan problemáticas –y que requieren la atención pública, a mi parecer- de la Ciudad de Buenos Aires y de su gobierno. Pero hoy quiero dedicarme a hablar de las resistencias. La semana pasada tuvimos una marcha que me sorprendió y que aunó a los distintos sectores que cuestionan las políticas públicas de Horacio Rodríguez Larreta en torno a un tema que –en principio- pensé que no iba a ser convocante: la ley que habilita al Tribunal Superior de Justicia porteño a meterse en causas nacionales. Esto me llevó a pensar en la audiencia pública por la venta de los terrenos de Costanera norte, que también tuvo una cantidad de inscriptos que me asombró. Desde el ambientalismo, desde el feminismo, desde la oposición porteña, las resistencias a Larreta existen y son muchas.

Empecemos por lo ocurrido esta semana. Larreta había conseguido aprobar con la mayoría abrumadora con la que cuenta en la Legislatura una ley para habilitar al TSJ a intervenir en causas nacionales, lo que le da a quienes estén necesitados de un tribunal amigo la posibilidad de elegir un atajo a las instancias normales de apelación. (Un paréntesis: ¿no resulta llamativo, al menos, que la misma fuerza política que pide equilibrios en el Congreso nacional esté a dos bancas de controlar de forma completa e inapelable la Legislatura porteña? ¿Son republicanos en lo nacional y “populistas” en lo local? ¿Raro, no?) El tema, si bien es grave, me parecía solo para entendidos.

Involucra a sectores del Poder Judicial que son poco conocidos: ¿quién sabe quiénes son los jueces y juezas del TSJ? ¿Cuánta gente tiene en claro que fueron nombrados en su mayoría por Mauricio Macri y Larreta? ¿Saben que uno de ellos llegó casi sin escalas del Ministerio de Justicia de Macri? ¿Y que otra tenía un cargo directivo en la escuela de la Policía de la Ciudad? Hay un ejercicio contrafáctico que se suele hacer: imaginar cómo sería esto si el Gobierno nacional hubiera nombrado funcionarios de su propia gestión al frente de la Corte Suprema. ¿No sería un escándalo por semanas y semanas? Acá pasa como algo natural.

Cuando estos jueces, en plena pandemia, sacaron un fallo que decía que solo los niños y niñas pobres de menos de 4 años tenían derecho a la educación pública, fue un escándalo. Pero el pedido de juicio político que articularon el Frente de Todos y el FIT no pasó de ser algo simbólico: Larreta tenía las mayorías para frenar todo eso.

Cuando el mismo TSJ se metió por la ventana en la causa del Correo para salvarle las papas a Macri antes de la declaración de quiebra de la empresa familiar, también fue un escándalo, pero en sectores reducidos (lo que el mismo Macri solía llamar el Círculo Rojo). En esa polémica, un tribunal nacional le reprochó al TSJ que no había ninguna ley que les permitiera intentar hacer lo que hicieron. Alguien escuchó el planteo y, de una forma bastante trucha (hay que decirlo) metieron un cambio general en el orden del Poder Judicial de prepo: lo infiltraron en un proyecto que hablaba de las firmas digitales en la Justicia porteña.

No por veloz, la jugada deja de ser bastante sucia. Si bien, de nuevo, quienes se anoticiaron de esto fueron pocos. Luego vino una sesión cargada de polémica donde, nuevamente, hay que destacar el discurso de la legisladora Lucía Cámpora porque dejó en claro cuál es la jugada a mediano plazo: mostró que el TSJ ya está metiéndose con derechos laborales y que, en poco tiempo, podrá meterse con muchas cosas más.

Con esto y todo, me sorprendió la convocatoria que tuvo la marcha de la semana pasada. Fueron los gremios docentes (no fue gratis ese fallo contra el derecho a la educación), los sindicatos (alertados por cómo el tribunal puede avanzar sobre otros derechos), las organizaciones sociales y, lógicamente, los partidos opositores a Larreta. Lo curioso es que el reclamo es a favor de la institucionalidad, esa que en Juntos por el Cambio juran defender.

Si cambiábamos algunas caras y signos políticos de quienes hicieron la movida en el Poder Judicial, las consignas bien las podrían haber salido a sostener los caceroleros que apoyan a Macri-Larreta: "Defender la Constitución". "Frenar este atropello al ciudadano". "Decir No a la 'República de Morondanga'", eran algunos de los carteles que se leían en la puerta del TSJ, en Cerrito 760. También estuvieron algunos colectivos que no suelen marchar, como las asociaciones de magistrados y abogados. En esto hay que decir que la movida de Larreta no solo unificó a sus adversarios habituales (trabajadores, metrodelegados, docentes, piqueteros), sino también a algunos sectores conservadores del Poder Judicial nacional que no avalaron la movida. Aún así, el jefe de Gobierno no se amilana: los recibió con un despliegue policial digno de una marcha de Al Qaeda. Carros de asalto, hidrantes, mucha policía.  Se quedó, no obstante, sin la represión de la semana (la anterior ya tuvo la de la Villa 31).

Como decía al comienzo de esta columna, a veces parece que Larreta actuara en la Ciudad sin resistencias (tiene los números en la Legislatura, controla la cabeza del Poder Judicial, su jefe de fiscales y buena cantidad de juzgados). Pero las resistencias existen y son muchas: y surgen no siempre de los lugares esperables. Las campañas contra el extractivismo urbano están creciendo: se vio con Costanera norte en esa audiencia pública y seguramente se volverá a ver con la Ley IRSA para Costanera sur. Se vio cuando Soledad Acuña quiso avanzar en mercantilizar los secundarios. Todavía eso no ha dado lugar a un actor político que ponga en jaque la hegemonía del jefe de Gobierno. Porque tampoco se puede, como dice el politólogo Pablo Touzon, hacer “resistencia infinita”.