Exigen declarar la emergencia habitacional en la Ciudad y crear un “banco de tierras públicas”

Una de cada 10 viviendas de la Ciudad de Buenos Aires permanece vacía. Esto implica que la cantidad de casas sin gente ya equivale al déficit habitacional del distrito capitalino. El dato se desprende de un informe elaborado por la Mesa de estudio de viviendas vacías, integrada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Centro de Estudios Económicos y Urbanos, La Boca Resiste y Propone, así como por representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público de la Defensa local.

Ante este escenario, la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca declarar “la emergencia en el acceso a la vivienda” y establece mecanismos para que la población pueda acceder a un techo.

La iniciativa busca crear un “banco de tierras públicas” y una comisión que revise las tierras públicas enajenadas. La misma estará integrada por representantes de organizaciones sociales con intervención en las villas, organizaciones de inquilinos, organizaciones ambientales, organizaciones en defensa de personas con discapacidad y profesionales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA; mientras que los diputados porteños podrán participar como veedores.

Según consignó Télam, el objetivo de esta comisión es “revisar toda venta de tierra pública y/o inmueble ejecutada desde la Legislatura y determinará su provecho o no para la población de la Ciudad” y que “en caso que la comisión determine que su venta fue en detrimento de la población de la CABA, la venta quedará sin efecto, se restituirá como tierra/inmueble fiscal y de utilidad pública y la comisión establecerá la compensación correspondiente, si existiere”.

Otra herramienta que propone el proyecto de ley es la implementación del Impuesto a la vivienda ociosa, cuya recaudación será destinada al cumplimiento de la norma. De esta manera, se prevé que el impuesto alcance a los inmuebles que permanezcan deshabitados por un plazo de 12 meses consecutivos.

También busca la eliminación del impuesto a la vivienda única para todas aquellas personas físicas que sean titulares de un inmueble con un valor fiscal menor a cuatro millones de pesos. Al mismo tiempo que se crea el impuesto a los “acaparadores inmobiliarios”, el cual se aplicaría a toda persona física o jurídica que tenga más de tres inmuebles.

Para los barrios populares, la iniciativa busca crear un “plan de viviendas populares”, las cuales se construirían en tierras públicas y deberán contar con todas las condiciones de habitabilidad y accesibilidad necesarias. Sobre esa misma línea, la legisladora propuso crear créditos para el acceso a la vivienda, la creación de comisión de negociación colectiva del precio de los alquileres y un plan de reurbanización para barrios populares.