"Larreta no se puede desentender de las vacantes que faltan", por Werner Pertot

No hay manera de escapar de la Constitución porteña y del artículo que obliga al jefe de Gobierno a proveer educación pública a todos los niños y niñas desde los 45 días. Esto quedó demostrado, una vez más, la semana pasada con una sentencia de la Cámara en lo contencioso administrativo que confirmó un fallo de hace dos años de la jueza Elena Liberatori y obligó al Gobierno porteño a informar cuántos niños y niñas hay sin vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la derivación de una causa que comenzó en 2016 y en el transcurso de la cual se probó que Larreta mentía al decir que había construido 54 escuelas nuevas.

La causa comenzó con un amparo del colectivo de padres y madres Vacantes para Todxs y de algunos dirigentes del FIT, como Myriam Bregman. Se presentaron con un amparo para que el Gobierno porteño cumpla con la obligación de dar vacantes a los miles de niños y niñas que queda afuera del sistema público todos los años. La causa recayó en el juzgado de Elena Liberatori, quien hizo un trabajo de orfebrería para reconstruir cuántas vacantes faltan y cuántas escuelas se construyeron. En su fallo, dejó asentadas las decenas de incumplimientos del Gobierno porteño a algunas simples preguntas: ¿cuáles son las 54 escuelas que dicen haber inaugurado? O ¿cuántas personas quedaron sin vacantes?

El fallo relata la cantidad de veces que se comprometieron a dar la información y no la dieron. Los intentos de intimar a la ministra de Educación, Soledad Acuña, que llegó a tener en marzo de 2017 una multa diaria por incumplir el fallo. Y hasta la designación de un perito informático para que interviniera en la inscripción online y finalmente consiguiera los datos que necesitaba el juzgado. Finalmente, la jueza les falló en contra y el Gobierno porteño apeló. Le fue mal: la Sala 3 de la Cámara de apelaciones le dio la razón a Liberatori. Esto es todavía más importante porque el Tribunal Superior de Justicia porteño sacó un fallo que generó escándalo, en el que sostuvo que Larreta no tiene obligación de dar educación a todos y todas (pese a que la Constitución dice lo contrario). Y que solo tienen derecho a una vacante antes de los cuatros años aquellos niños y niñas que muestren un certificado de pobre. El resto, que se busquen un jardín privado. Por ese fallo, le pidieron juicio político a los jueces del TSJ (cosa que Larreta se ocupó de bloquear en la Legislatura). Pero pasó algo todavía más llamativo: el resto de los tribunales inferiores desconocieron el fallo o bien lo discutieron abiertamente en nuevas sentencias que ratifican la obligación de proveer vacantes. Entre ellas, esta de la Cámara.

El nuevo fallo ratifica que el Gobierno porteño tiene que informar en tiempo real la cantidad de vacantes disponibles en cada distrito escolar y el estado de avance de las obras de las “54 nuevas escuelas” prometidas por Larreta durante la campaña electoral pasada (y que, como comprobó Liberatori, no estaban por ningún lado). Además, la Legislatura tendrá que debatir y votar una ampliación del presupuesto educativo, para que se “destinen los recursos presupuestales necesarios para que el GCBA cumpla con la obligación constitucional de asegurar la Educación pública”. Como Larreta controla el bloque mayoritario de la Legislatura, nuevamente la responsabilidad recae sobre él.

Liberatori habló después de este fallo y contó que, como parte del trabajo de reunir datos para fallar sobre la cuestión, se encontró con que la principal afectación de la falta de vacantes recae en los barrios populares y en la zona sur de la Ciudad. “En el expediente siempre estuvo muy en evidencia que es la zona sur la que adolece del problema acuciante de falta de vacantes accesibles, en los distritos escolares de los barrios de Lugano, Villa Mitre, Parque Patricios, Pompeya y Villa Soldati, entre otros. La situación es especialmente crítica en el nivel inicial, de primero a cuarto grado para la jornada completa, lo que a su vez incrementa las denominadas listas de espera”, indicó Liberatori.

En el fallo, había indicado que se comprueba la falta de vacantes en los distritos escolares N° 1 (Retiro, Recoleta, Palermo, Balvanera, San Nicolás, Puerto Madero), 5 (Barracas, Parque Patricios, Constitución, Nueva Pompeya), 13 (Villa Luro, Vélez Sarsfield, Parque Avellaneda, Lugano, Mataderos, Liniers), 19 (Villa Soldati, Flores, Parque Chacabuco, Nueva Pompeya), 20 (Villa Lugano, Mataderos, Liniers), y 21 (Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati).

Con la sucesión de fallos judiciales en contra, vuelve a quedar en claro que el jefe de Gobierno incumple la Constitución porteña. Y lo que es peor: que no tiene ninguna voluntad de cumplirla. Sino más bien de anular su letra –con fallos como el del TSJ- o de obligar a las familias que optan por el sistema público a judicializar el ingreso de sus hijos o hijas. Se sabe que esto hace que muchos desistan. Pero el jefe de Gobierno no puede elegir qué parte de la Constitución cumple y cuál, no. La educación es un derecho. No un privilegio.