Protesta frente al Congreso para exigir la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena

La carpa que habita frente al Congreso hace meses hoy se colmará de más organizaciones y comunidades indígenas para exigir la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. El llamado fue hecho por comunidades y organizaciones de pueblos indígenas preexistentes que indicaron que “es la única manera de evitar los desalojos ejercidos contra nuestras comunidades y la oleada de violencia en nuestros territorios ancestrales”.

“En base a la obligación que tiene el Estado Nacional de cumplir con los mandatos de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y derechos de las comunidades indígenas vigentes en la actualidad, nos unimos para exigir el tratamiento urgente y aprobación definitiva de la Prórroga de la Ley 26.160”, indicaron en un comunicado.

La normativa será tratada en la sesión del día 18 o 19 de noviembre en la Cámara de Diputados de la Nación, como últimos plazos posibles debido al inminente vencimiento del ejercicio de la misma el próximo 23 del corriente. Las actividades se replicarán en distintos puntos del país. En la Ciudad habrá hoy una concentración en el acampe en Plaza Congreso. Será acompañada, además, por organizaciones campesinas, de derechos humanos, sociales, gremiales, universidades e instituciones públicas, asociaciones y comunidades de todo el país.

Las organizaciones que participan del acampe presentaron el pasado 30 de octubre una nota al presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidiéndole el tratamiento de la prórroga “con carácter de urgente”, ya que "nuestros territorios están en constante tensión con situaciones de latente despojo y de violencia extrema ejercida por usurpadores, por la frontera sojera, exploración minera, negocios inmobiliarios y madereros, como así también una justicia que desconoce los derechos internacionales ratificados en el país, aún así jueces que ordenan desalojos, fiscales y auxiliares de justicia que vulneran permanentemente los derechos indígenas sin cumplir la consulta previa, libre e informada”.

También pidieron "la inmediata instrumentación de la ley de propiedad comunitaria indígena de nuestros territorios, reconocida desde 1994, en la Constitución Nacional y en el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación, para evitar el avasallamiento, vulneración de derechos e intentos de despojos sobre nuestros territorios comunitarios”.

Jerez sostuvo que con la ley 26160, que se aprobó por primera vez en 2006 y luego fue prorrogándose, más de 700 comunidades indígenas preexistentes relevadas están listas para recibir la titularización de sus territorios comunitarios. Las organizaciones también elevaron notas a los presidentes de las comisiones de Legislación General, Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto.

En todas piden que la prórroga se apruebe antes de las elecciones generales del 14 de este mes. Pero Jerez dijo que hasta ahora no recibieron respuestas: “Seguramente este fin de semana analizaremos la situación y seguramente estarán llegando más hermanos ante la preocupación del silencio de los legisladores”, adelantó.

Tras la media sanción en el Senado, el pasado 28 de octubre, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, sostuvo que este organismo “tiene las puertas abiertas y los equipos técnicos disponibles para todos los diputados nacionales que necesiten información para abordar la temática con la mayor cantidad de datos posibles en función de sancionar esta iniciativa tan trascendente”.

Se sabe que el bloque del Frente de Todos comprometió su apoyo a la sanción de la prórroga y aunque el INAI también compartió el pedido de que el tratamiento fuera antes de los comicios del 14 de noviembre, es poco probable que se llegue en esa fecha. La petición de los pueblos originarios del país sobre la 25160 recibió el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, que celebró la aprobación por parte del Senado y afirmó que espera que la Cámara de Diputados realice lo propio.

"En esta instancia en que el proyecto de ley ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación, aunque aún resta la aprobación de la Cámara de Diputados, contar con el respaldo de la ONU para con esta causa es sumamente significativa y trascendente", resaltó Odarda.