Declaran inconstitucional la ley que permite a la justicia porteña revisar fallos nacionales

La Cámara Civil rechazó la ley que impulsó y aprobó el oficialismo porteño de Horacio Rodríguez Larreta que le permite al Supremo Tribunal de Justicia de CABA revisar sentencias de la justicia nacional, según consignó Política Argentina.

En concreto, la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal concluyó "de oficio" la inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 6452, dictada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía como núcleo autorizar a que el TSJ porteño -máximo tribunal de carácter local- intervenga en caracter de revisora de las sentencias dictadas por los Juzgados Nacionales con asiento en la Capital Federal.

La decisión de la justicia civil sucedió con el voto unánime de los camaristas Maximiliano Caía -que integra y es candidato de la agrupación Compromiso Judicial-, Beatriz Verón y Gabriela Scolarici. La reforma a la que este fallo puso una gran piedra en el zapato fue cuestionada al unísono por actores que rara vez piensan igual respecto de lo que sucede en la justicia. Y el máximo cuestionamiento es que se trató de algo realizado sólo con la aspiración de ser a medida de las pretensiones de Macri en la causa del Correo Argentino.

Es que en ese expediente, la defensa de la familia del ex presidente ya buscó auxilio de la máxima instancia judicial local para que desplace a la jueza que ordenó la quiebra, Marta Cirulli, y principalmente a la fiscal Gabriela Boquin, que impulsó la investigación, frenó la autocondonación de la deuda con el Estado y denunció las movidas para licuar la deuda y otras irregularidades.

En este panorama, los tres camaristas civiles dijeron que los legisladores/as se "extralimitaron en su función" y que la violación constitucional es "palmaria y de una gravedad significativa". El fuero civil es sólo uno de los que se ve afectado por esta reforma de Larreta para Macri aprobada en la Legislatura porteña. Pero también implica que el TSJ podría revisar decisiones de la justicia laboral, contenciosa, de la seguridad social y la comercial, donde están los intereses del ex presidente.

Si bien aplica para un caso particular, sienta precedente judicial, pero fundamentalmente, contexto político: es la primera decisión de este tipo que llega de la mano de una causa concreta. Sucede, además, cuando resta que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal tome resoluciones en la cuestión, que en dos salas tiene las demandas de alcance colectivo que presentó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la agrupación Gente de Derecho que representa al oficialismo en la matrícula porteña. Esas determinaciones serán las concluyentes.

"Lo legislado no sólo es contrario a toda lógica jurídica, sino que, además, constituye una decisión violatoria de la supremacía constitucional, desde cualquier punto de vista donde se lo analice y estudie, pues vulnera el principio de jerarquía normativa cuando, como es sabido, el Poder Legislativo (federal) es aquel que tiene a su cargo la sanción de las normas jurídicas que imponen conductas a determinadas categoría de personas y es ejercido por el Congreso Nacional", argumenta el fallo.

Por eso concluye que "deviene reñido con la ley suprema, que la legislatura local en el ejercicio regular de sus atribuciones, sustituya a los otros poderes del Estado –en este caso el Congreso Nacional– en las funciones que le sean propias para crear un recurso procesal no sancionado por el legislador nacional...".

La decisión también cuestiona el antecedente que el propio TSJ admitió tramitar para revisar una decisión de la justicia civil, ante la condena del panelista Gabriel Levinas a indemnizar a la familia del artista León Ferrari, quien le había confiado obras de arte para una exposición en París y aquel las vendió.

Con posterioridad el TSJ también admitió revisar el caso del Correo, que tramita en la justicia comercial, aunque no se expidió sobre el fondo. La discusión de fondo, es decir si el máximo tribunal porteño puede discutir sentencias judiciales de la justicia nacional, está pendiente de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta el procurador interino Eduardo Casal, herencia de Macri para Alberto Fernández, ya dictaminó en contra con los mismos argumentos que los de la cámara civil.

Pero además, está la política. No es inocente que Macri quiera que el TSJ revise fallos. Este tribunal tiene cinco miembros, que le responden al ex presidente y también a Rodríguez Larreta. Su presidenta, Inés Weinberg de Roca, fue la candidata fallida de Macri para la Procuración General de la Nación. Santiago Otamendi es el exviceministro de Justicia de Germán Garavano. Marcela de Langhe fue nombrada por el PRO en el Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Los dos restantes son Luis Lozano, que tiene posiciones oscilantes y Alicia Ruiz, que suele votar en disidencia.