"Y un día volvieron las pasantías obligatorias en las escuelas", por Werner Pertot

Las malas decisiones del Gobierno porteño vuelven como en loop. Luego de que hace cinco años, sin consultar a nadie, anunciaron que iban a hacer pasantías obligatorias en los últimos años del secundario y tuvieron protestas de estudiantes y docentes, la ministra de Educación, Soledad Acuña, anunció a fines de 2021 que… hará pasantías obligatorias en el último año del secundario, lo que fue seguido de una serie de protestas que –de nuevo- dejaron en claro que no lo conversó mínimamente con nadie. Y con los gremios docentes, menos que menos. Mientras la acusan de buscar “mano de obra gratuita” para las empresas, otra polémica empieza a crecer, como en una pesadilla recurrente.

El anuncio llegó tras un año de discusiones por la presencialidad cuidada o descuidada, por las vacunas pediátricas que se empezaron a aplicar tarde, y por las peleas con el Gobierno nacional por las mínimas restricciones en las escuelas (distancia, uso del barbijo) que, con el aumento de casos de esta semana, ya son casi inexistentes (nos deseo buena suerte a todos y todas con eso). Lo que comunicaron es que, a partir de 2022, quienes quieran terminar el secundario deberán cumplir con horas de trabajo en pasantías en empresas. La crítica fue obvia: se les va a proveer a esas empresas de una gran cantidad de mano de obra gratuita o muy barata.

Cinco años pasaron de la polémica por las “Secundarias del Futuro” que nunca llegaron a implementarse por la resistencia que tuvieron, pero allí vamos otra vez. “Lo hacemos porque para nosotros la escuela es la prioridad número uno”, aseguró el jefe de Gobierno en el anuncio de la medida. Por supuesto, aseguró que así los y las estudiantes tendrán mejores oportunidades laborales. No obstante, dejó en claro que no serán optativas sino obligatorias para aprobar la cursada.

Acuña aseguró que por cómo se comporten en esos trabajos “también van a ser evaluados”, es decir que el trabajo “va a ser parte de lo que todos van a tener que aprobar para terminar su ciclo de formación”. No está claro qué papel jugará la empresa privada en esa evaluación. Tampoco cuáles serán los ámbitos a los que los y las estudiantes deberán concurrir de forma obligatoria, dado que se habló de “prácticas que se realizarán en el sector productivo, el Estado, el sector cultural, la educación superior o el mundo científico académico”, según dijo Larreta. Acuña fue más específica: dijo que iban a intentar sumar 450 lugares de trabajo y que incluso pensaban echar mano a las empresas proveedoras del Estado. Además, aseguró que con el envío compulsivo de estudiantes menores de 18 años a empresas privadas, el Gobierno porteño está “cambiando lo que hay que enseñar” en las escuelas. “La Secundaria del Futuro es un proyecto que trabaja saliendo de la lógica de materias estructuradas”, aseguró. La vieja discusión sobre si la escuela debe formar para el mercado está saldada para Acuña: debe estar al servicio del mercado.

Uno de los problemas, nuevamente, es la falta total de detalles sobre la medida. Una cosa es que un o una estudiante haga parte de su año final trabajando con investigadores o investigadoras del Conicet y otra muy diferente es que sirva café en una empresa que no tiene relación con su formación. Sabemos lo que fueron las pasantías durante el menemismo: una forma de trabajo precarizado encubierto.

Larreta aseguró que la decisión llega “luego de conversar con docentes, padres y estudiantes que, en su mayoría, coincide que los chicos terminan la escuela con mucha angustia del día después”. Luego quedó bastante en claro que la instancia de diálogo fueron mucho menores que las declamadas. De hecho, los principales gremios porteños salieron al cruce del anuncio y advirtieron que se enteraron por televisión de lo que pretenden hacer en 2022.

Pero la lectura no fue lineal. Por ejemplo. Jorge Adaro, de Ademys señaló cómo esto juega con las expectativas de conseguir trabajo (aunque ninguno será un trabajo formal y con salario): “Entendemos que en un momento en que los salarios son bajos, el trabajo está precarizado y hay desempleo, las familias puedan tener expectativas al escuchar el anuncio. Sin embargo, esto no es mágico. Y hay que tener presente que es propuesto por un gobierno que ya demostró para quién gestiona, que no es precisamente para los estudiantes”.

"Por otro lado es necesario dar el debate, porque en un marco donde el tema salarial viene a la baja, donde las condiciones laborales se precarizan, y el desempleo está presente, este tipo de iniciativa puede ser visto con expectativas por las familias. Nosotros tenemos que intervenir en el debate porque esto no es mágico y estamos hablando de gobierno que claramente han demostrado para quien gestionan y no es precisamente para los estudiantes", consideró.

Desde la UTE-CTERA, Eduardo López fue aún más directo: “Una cosa es formar para el mundo del trabajo y otra que los chicos vayan a hacer trabajos precarizados a las empresas. Me parece que lo que Larreta quiere hacer apunta más a lo segundo”. También remarcó que mientras se hacen estos anuncios, no hay solución para la falta de vacantes. Esta discusión seguramente continuará cuando se conozcan más detalles de cuál es el plan.

Coda: no vale todo

En la sesión de la semana pasada, la legisladora Ofelia Fernández aprovechó para diferenciar los ámbitos institucionales como la Legislatura de espacios no regulados donde hay conductas tóxicas como Twitter. Lo hizo al contar que alguien que asumía como legislador “me ha dicho gorda hija de puta incogible en más de diez oportunidades, entre muchas otras cosas". Y también que un grupo de seguidores de Javier Milei la hostigaron en la puerta de la legislatura. Los balbuceos de ese legislador no hicieron más que confirmar lo que planteó la legisladora del Frente de Todos, que luego tuvo un encuentro con el presidente Alberto Fernández. “No voy a ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga”, les dijo.

Su intervención fue muy aplaudida y constituye un acto de valor, en el que no debería quedarse sola. De hecho, no debería ser solamente ella la que tenga que poner límites de manera individual a estas actitudes, sino que la totalidad del sistema político en democracia debería condenarlas. Y vemos que eso no ocurre. La composición de la Legislatura es el resultado del mandato popular pero eso no significa que se deban aceptar de aquí en más contenidos negacionistas, antisemitas, reivindicaciones al terrorismo de Estado y otras expresiones que están reñidas con un mínimo consenso democrático.