- Sociedad
- 16.12.2021
GATILLO FÁCIL
Piden que el Juez Martín del Viso sea apartado de la causa de Lucas González por “imparcialidad”
De esa manera lo planteó Fernando Sicilia, el abogado defensor de los seis policías de la Ciudad acusados y detenidos por encubrimiento, por cometer vejaciones y privar ilegítimamente de la libertad de los tres amigos de la víctima.
La defensa de los seis policías de la Ciudad que fueron detenidos tras ser acusados de encubrir el crimen de Lucas González y de cometer vejaciones y privar ilegítimamente de la libertad a sus tres amigos, pidió que el Juez que interviene en la causa, Martín del Viso, sea apartado de la misma ya que consideran que lleva su labor con “imparcialidad”.
La exigencia fue formulada por el letrado defensor Fernando Sicilia, quien reiteró la necesidad de apartar al juez en lo Criminal y Correccional 7, Del Viso. Por el momento, el magistrado rechazó el requerimiento, por lo que ahora deberá resolver la Cámara del Crimen.
Cabe recordar que el martes el Juez dictaminó la prisión preventiva de los seis efectivos de la Policía de la Ciudad: los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, el subcomisario Roberto Inca, el inspector Héctor Cuevas y las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña; todos ellos considerados coautores de “falsedad ideológica, falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso ideal”, a su vez en concurso real con “privación ilegal de la libertad agravada y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvieron”.
Paralelamente, Miño, Fariña, Cuevas e Inca fueron también procesados por “falso testimonio”, en sus declaraciones como testigos en el sumario que inició la Policía Federal Argentina.
Finalmente, a partir del trabajo y el pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, queda pendiente la detención de otros ocho efectivos que llegaron a la escena en la que fueron atacados los cuatro jóvenes, acusados de “haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas” por la PFA, como así también las “privaciones ilegales de la libertad” a los tres sobrevivientes y la “alteración” de los rastros y pruebas.
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