Aborto en Argentina: Cómo avanza la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

 
Luego de una fuerte lucha de los movimientos feministas el 30 de diciembre del 2020 se sancionó la Ley de Interrupción voluntaria del Embarazo y la atención postaborto en Argentina, lo que marcó un avance en derecho para las mujeres en todo el territorio latinoamericano.

A un año de la aprobación, su aplicación aún tiene fisuras y marca distancia entre las provincias. Según el Proyecto Mirar que encabezó el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), que se encargó del monitoreó en todo el país de la aplicación de las mencionadas leyes, la tasa del aborto (mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil) muestra la brecha entre jurisdicciones: en la Ciudad de Buenos Aires es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco es 0.9 y en Formosa 0.6.

En diálogo con Télam, la socióloga e investigadora de Cedes, Silvina Ramos, contó el proceso de control y seguimiento sobre la Ley: "procesamos y analizamos información pública en materia de acceso a la IVE e ILE (interrupción legal del embarazo) en todo el país, y estudiamos el contexto socio sanitario y jurídico en el que se materializan las políticas públicas".

En cuanto a las cifras nacionales, este estudio ubica la tasa de aborto en un 3.2, tomando los datos oficiales, "lo que significa que 3 de cada 1.000 mujeres tuvieron un aborto en el primer semestre del 2021", aclaró Ramos.

Otro dato relevante que arrojó el monitoreo del Proyecto Mirar fue el aumento en la cantidad de insumo de misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud para realizar abortos. Las estadísticas expresan que lo que fue distribuido en el primer semestre de 2021, equiparó al total de tratamientos distribuidos en todo 2020.

Paralelamente, otra de las claves para la firme aplicación de la Ley es la necesidad de "sostener y amplificar el acceso a la información y prácticas seguras de IVE/ILE, mejoras en varias direcciones, como una mayor capacitación al personal de salud en técnicas de aborto y también en buenos tratos hacia sus pacientes", según afirman desde el proyecto Mirar.

Por último, el estudio determinó que desde la sanción de la ley se iniciaron 36 acciones judiciales en su contra bajo el alegato de inconstitucionalidad, aunque la mayoría fueron rechazadas.