Organizaciones sociales denuncian el remate del edificio comunal de Palermo

El Gobierno de la Ciudad subastará el 18 de febrero próximo el edificio ubicado en Coronel Díaz y Beruti, donde funcionan la sede de la Comuna 14, un registro civil y dependencias judiciales. El inmueble tiene una base de 20 millones de dólares al cambio oficial y el comprador podrá abonarlo en cuotas, condiciones que ONGs del distrito denuncian como "beneficios que ningún privado conseguiría en el mercado".
 
El inmueble está en una de las zonas más caras de la Ciudad y el Gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta esperaba poder subastarlo el 15 de diciembre de 2021, pero la falta de interesados obligó al Ejecutivo porteño a modificar la fecha. La compulsa fue prorrogada para el pasado 12 de enero y luego para el 18 del mes próximo.
 
El edificio tiene una planta baja, seis pisos y un subsuelo y por la normativa actual se pueden construir en ese lote hasta 22,80 metros de altura y dos retiros, es uno los más codiciados del mercado inmobiliario porteño y ya había sido vendido por la Ciudad en 1996. En ese momento el intendente Jorge Domínguez (PJ) decidió rematarlo sin cumplir con todos los requisitos legales.
 
La subasta fue organizada por el Banco Ciudad y la empresa Alto Palermo SA, propietaria del shopping homónimo y perteneciente a IRSA, que se quedó con el inmueble tras ofertar 4 millones de pesos, equivalentes entonces a 4 millones de dólares. Domínguez fue denunciado por poner el inmueble a la venta sin pasar por el Concejo Deliberante ni fundamentar la operación. Por eso decidió anular la venta y el edificio continuó bajo la órbita del Gobierno porteño.
 
El precio de base de 20.000.361 millones de dólares por 8.475,71 metros cuadrados significa un valor de 2.359,72 dólares por metro cuadrado. Esa cifra es muy similar al precio promedio del barrio de Palermo que empresas especializadas sitúan en 2.173 dólares por metro.
 
Sin embargo, existe una diferencia con el precio real de la propiedad: mientras que las inmobiliarias calculan el valor con la referencia del dólar no oficial, el Banco Ciudad lo subasta tomando el valor del dólar oficial. Esa discrepancia hace que el metro cuadrado del edificio de Beruti se acerque a los 252.511 pesos cuando debería venderse a 459.584 pesos. Además del precio, también existen cuestionamientos a la forma de pago que permite la Ciudad: el ganador puede desembolsar el valor en cuotas, una ventaja que no existe en el mercado.
 
"El Gobierno se desprende de edificios que tienen un alto valor inmobiliario. Son inmuebles bien ubicados que salen al mercado con un precio muy bajo. Son los únicos que se pagan en pesos en la Ciudad y además en cuotas. Esos son beneficios que ningún privado conseguiría en el mercado formal", dijo a Télam Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad e integrante del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
 
La Ley 4.804 que autorizó la venta del inmueble de Beruti 3345/47 fue sancionada en noviembre de 2013 durante el segundo mandato de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad. La normativa preveía que el dinero obtenido por la futura subasta se destinara a la construcción de la Ciudad Judicial en el barrio de Barracas. El proyecto de reunir a todos los fueros capitalinos en un mismo sitio nunca se concretó, pero la ley le permitió a la administración de Rodríguez Larreta disponer del inmueble.
 
Casi ocho años más tarde, el Poder Ejecutivo porteño decidió subastar el edificio, pero en la misma resolución que autorizaba la venta se aclaró que el dinero pasaría al Tesoro local por estar vigente la "emergencia económica" declarada en 2020 por Rodríguez Larreta y sancionada por la Legislatura. Esa normativa le permite a su Gobierno readecuar partidas presupuestarias y también redirigir recursos a las áreas que considere convenientes.
 
"Conforme el artículo 4° de la Ley N° 6.301 (prorrogada por Ley Nº 6.384, artículo 10º) se estableció la suspensión, durante el tiempo que dure la emergencia económica y financiera, de la afectación específica de recursos propios y afectados definidos en el artículo 46, incisos b) y c) de la Ley N ° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.347) disponiendo la transferencia de los mismos a la cuenta única del Tesoro del Gobierno de la Ciudad", puede leerse en la resolución N.º 75/SSABI/21.
 
"La Ley que se votó en 2013 establecía que el producido de la venta debía destinarse a la construcción o compra de edificios del Poder Judicial. Está claro que ese dinero no va a llegar nunca, el problema es que hacen falta otros inmuebles para ubicar las dependencias que funcionaban en el edificio de Beruti. Es una discusión que vamos a tener este año", señalaron a Télam desde la Justicia porteña.
 
En los pliegos de la subasta se aclara que el Gobierno tendrá un plazo de 36 meses para entregar el inmueble al comprador, pero aún es incierto dónde se ubicarán los juzgados, dependencias oficiales y la sede comunal que funciona en el edificio.
 
"Estamos sorprendidos, es algo inconsulto que no pasó por la Junta Comunal. No sabemos cuándo nos vamos a mudar ni dónde. Nunca hay información sobre estas cuestiones", expresó a Télam María Paz Carreira Griot, comunera por el Frente de Todos.
 
Según un informe del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, desde que comenzó la pandemia el Gobierno porteño vendió 67 inmuebles a precios "irrisorios" por un total de 65.755.858 dólares. En total implican más de 10.000 metros cuadrados de edificios y 1,3 hectáreas de terrenos públicos que pasaron a manos privadas.
 
"Las subastas públicas en la Ciudad tienen un aroma a cartelización, a un acuerdo de las empresas dominantes en el reparto de quienes se apoderan de los suelos públicos. Es recurrente que en las subastas sólo se presente un sólo oferente", analizó Baldiviezo. El abogado asegura que son muy pocas las empresas que tienen la capacidad para adquirir las tierras que salen a la venta en la Ciudad de Buenos Aires.
 
Desde 2011, durante los Gobiernos de Macri y Rodríguez Larreta, la Ciudad se desprendió de casi 500 hectáreas de tierras públicas, la mayoría de ellas pertenecientes a las zonas más caras del territorio porteño.
 
"La Ciudad no debería enajenar tan livianamente sus propiedades. Además, vale aclarar que se está disponiendo de un patrimonio que no pertenece a un funcionario o legislador, sino que es de todos los porteños y porteñas", explicó a Télam María José Leveratto, arquitecta especialista en sustentabilidad ambiental.
 
"La tierra pública es un bien escaso muy difícil de recuperar una vez que se vende, particularmente cuando se trata de edificios significativos y grandes predios. Contar con tierra y edificios le permite al Estado definir e influir en cuestiones muy diversas como el valor del suelo, la revitalización de áreas urbanas, el precio de alquileres y otras cuestiones. Es una herramienta imprescindible para orientar el desarrollo urbano", agregó Leveratto que integra el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas.