A ocho años de la tragedia de Iron Mountain, familiares dijeron estar “decepcionados” con la Justicia

Se cumplen ocho años de la tragedia de Barracas, donde el incendio y derrumbe del depósito de Iron Mountain terminó co la vida de 10 bomberos y rescatistas. Sus familias denunciaron que es "una burla" que ni siquiera haya procesamientos confirmados y esperan que este año cobre finalmente impulso la causa, mientras celebran la realización de un documental que los tiene como protagonistas.
 
Así lo expresaron en una reunión que mantuvieron el jueves con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, que los convocó en su despacho. "¡Ocho años para redactar un procesamiento, es una burla!", dijo a Télam Sandra Barícola cuyo hermano Pedro falleció en el incendio de Iron Mountain del que este sábado se cumple un nuevo aniversario.
 
"Estamos muy descreídos y decepcionados del juez y de la fiscal pero no vamos a dar por olvidado el hecho y vamos a volver a pedir con fuerza que la justicia se active y llegue a donde tenga que llegar", agregó.
 
En la mañana del 5 de febrero de 2014, la propagación de un incendio desatado en el depósito que la firma Iron Mountain tenía en Azara 1245, provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder por las altas temperaturas y derrumbara la pared de la calle Jovellanos.
 
Como consecuencia de esto, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y los rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo.
 
La causa judicial
 
En 2018, el juez de Instrucción 18 Pablo Ormaechea dictó 17 procesamientos por "incendio culposo seguido de muerte", decisión que fue apelada tanto por las defensas como por la querella, esta última en relación a los cinco sobreseimientos.
 
Tras largo trámite, el 29 de diciembre de 2020 la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminar y Correccional revocó esa resolución por considerar que tenía graves errores de fundamentación y dejaba de lado la medular cuestión de la "intencionalidad", ordenándole al juez que la reelabore en base a nuevas pericias y las conclusiones de un colegio pericial.
 
El abogado de los familiares Javier Moral negó que, en virtud de esto, los imputados hayan sido "desprocesados" -porque los imputados no fueron sobreseídos ni se les dictó la falta de mérito- y su expectativa es que una vez superada esta etapa de impasse en el expediente, sean procesados "con mejores fundamentos" incluso un mayor número de acusados y por el más grave delito de "estrago doloso seguido de muerte".
 
"Estamos en un momento crucial del proceso porque la Cámara ordenó nuevas pericias o ampliaciones a fin de que quede blanco sobre negro la intencionalidad o no del estrago que se cobró la vida de 10 servidores públicos", dijo.
 
El letrado explicó que durante todo año pasado "peritos de bomberos, del INTI, la UTN y de las partes se reunieron para analizar lo que había en el expediente" para "tener un punto de vista unificado sobre la intencionalidad".
 
"El colegio de peritos ya presentó el informe ampliatorio que a nuestro criterio no deja lugar a dudas sobre la intencionalidad. Ahora resta que el juzgado de instrucción las analice, convoque otra vez a los imputados y luego resuelva los procesamientos", explicó.
 
El fallo que mandó dictar una nueva resolución benefició a Eduardo Alfredo Sueyras, director de seguridad e higiene para América Latina de la firma; Guillermo Eduardo Lockhart, gerente general, y Héctor Eduardo García, jefe de Seguridad e Higiene de Iron Mountain Argentina.
 
También alcanzó a los exfuncionarios Vanesa Berkowsky, exdirectora general de Fiscalización y Control de la Ciudad; Luis Alberto Cogo, jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas; Roberto José Chiesa, director de Industrias y Otros Locales; y Silvia Miriam Hers, jefa del Departamento de Programación Operativa.
 
Los otros beneficiados son Gastón Luis Laugle y Patricia Moroni, responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa; Rafael Mario Roldán y Pierre Louis Chapar, encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control; Félix Lugo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Jorge Papanicolau, Oscar Alfredo Godoy y Christian Walter Castiñeiras.