Justicia negó una “probation” pedida por los imputados por el derrumbe en el boliche Beara

El 10 de septiembre de 2010, el boliche Beara de Scalabrini Ortiz 1638 en Palermo, realizó un receital del grupo Ráfaga y pocos minutos después de finalizar, a las 3.50 de la mañana, el entrepiso en el que se encontraba el sector VIP colapsó y se derrumbó sobre la planta baja. Las consecuencias fueron las muertes de Ariana Lizarriaga y Paula Provedo, de 21 y 20 años, respectivamente, y quedaron con heridas diversas más de 50 personas.
 
Por el derrumbe comenzó una causa judicial que tuvo de imputados a tres empresarios, Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess, que ahora pidieron una “probation” para no ir a la cárcel pero la Justicia la denegó. En el proceso judicial también hay policías y funcionarios del gobierno porteño sentados en el banquillo de los acusados.
 
Los abogados de los imputados propusieron al tribunal que los imputados realicen trabajos comunitarios y que ofrecieran una “reparación económica” para no ir a juicio. En detalle, ofrecieron 5 millones de pesos para los familiares de Ariana Lizarraga, de 21 años, y de Paula Provedo, de 20, fallecidas en el derrumbe del entrepiso del boliche, construido con madera, aluminio y yeso, sin vigas, en septiembre de 2010.
 
“En nuestro país, doce años de juicio ya son más que una condena”, argumentó el abogado de Fliess, Julio Golodny, al solicitar la suspensión del juicio y señaló que ninguno de los imputados tiene antecedentes, que no cometieron falta alguna en los años subsiguientes al derrumbe, y apeló a la juventud de los tres al momento del siniestro, cuando tenían cerca de treinta años.
 
Sin embargo, segúnc consigó Tiempo Argentino, el fiscal Oscar Ciruzzi y los representantes de las querellas, se opusieron con vehemencia al pedido de los imputados cuestionando que hubiera un “conflicto” a resolver, cuando se estaba ante un acto criminal que debe ser juzgado.
 
Los empresarios Yun, Dobrila y Fliess están acusados por “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves”, además de “cohecho activo en concurso real”, derivado del presunto pago de coimas, para lograr la habilitación del local, a policías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
El juez Alejandro Noceti Achával también le consultó a los padres de las chicas fallecidas y a una de sus amigas que resultó herida en el derrumbe. La madre de Provedo, Alicia Tagliaferro, dijo que “está manchado con sangre el dinero que nos están ofreciendo: todos tienen vida, las únicas que no la tienen son Leticia y Ariana”.
 
Mientras que la madre de Lizarraga se pronunció en igual sentido, y advirtió que “la oferta de dinero es ofensiva” y mencionó que “a mi hija le quitaron la posibilidad de tener una familia, de tener hijos. Me quitaron la posibilidad de tener entre mis brazos un nieto”.
 
Escuchadas las partes, por unanimidad, el tribunal rechazó el pedido de probation, aludiendo al artículo 353 del Código de Procedimiento Penal que establece que una vez fijada la fecha de un juicio oral “ningún recurso puede impedir la realización del proceso”.
 
 
En la misma causa tambien está siendo juzgado el ex responsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Farrell, acusado de los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real”.
 
Además de los funcionarios porteños Pablo Saikauskas, Norberto Cassano, Isaac Rasdolsky, Carlos Mustapich y Vanesa Berkowski, por el control del funcionamiento de Beara. Y los policías de la Federal Rodolfo Cabezas, Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, quienes habrían recibido sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños del boliche.