"La reforma educativa de Acuña", por Werner Pertot

  En un hecho que no se repetía hace tiempo, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se presentó en una comisión de la Legislatura porteña. Lo hizo para defender un proyecto que busca modificar el Estatuto Docente en materias vinculadas con el peso de la antigüedad y la capacitación, entre otra serie de cuestiones. La funcionaria recibió críticas de los opositores por áreas que el proyecto no contempla y los gremios se quedaron con la duda de cómo se buscará generar “incentivos económicos” para que los docentes se capaciten, si el presupuesto educativo porteño tiene una tendencia a la baja en la participación sobre el total. La principal duda, no obstante, es: ¿esos incentivos se terminarán convirtiendo en una suerte de parte del salario docente, sin la cual no redondearán una cifra razonable? La reforma, no obstante, se enmarca en una campaña en la que la derecha eligió la educación como un caballito de batalla por eso Horacio Rodríguez Larreta anunció el fin del barbijo al final de la semana.

El proyecto de reforma del Estatuto Docente porteño fue lanzado por Larreta en su discurso inaugural con el eslogan: “Necesitamos docentes del futuro para los estudiantes del futuro”. Todo muy lindo, pero los gremios docentes lo primero que hicieron fue atajarse. Reconozcamos que razones no les faltan: se trata del mismo gobierno que quiso cerrar los Institutos de Formación docente y la misma ministra que sostuvo que los docentes son “fracasados” que vienen de hacer otras carreras y no conseguirlo. Y hace días dijo que el Estado es el único que emplea a los que no se educan. No faltan razones para desconfiar.

La semana pasada la Legislatura tuvo el primer encuentro entre funcionarios del Ministerio de Educación y legisladores para tratar esta reforma. Desde el Gobierno porteño, adelantaron que los principales cambios son en el esquema de ascensos hasta una premiación con mejoras salariales a los docentes que concurran a capacitaciones de manera continua. El proyecto de ley tiene 40 artículos y promueve unos 25 cambios en el Estatuto Docente, incluidas cuestiones relacionadas con los procedimientos de ingreso, permanencia, movilidad y retiro de todos los docentes del sistema de educación de estatal. 

Los principales ejes son: crear incentivos salariales para los que hagan “capacitación continua”, darle otro rol a los preceptores (me vuelvo a preguntar si ese rol tendrá que ver con el planteo de cubrir las horas libres con trabajadores precarizados), y una titularización "excepcional" de cargos interinos de escuelas de media, técnica, artística y Centros de Educativos de Nivel Secundario (Cens). Esto último es un reclamo largamente debido.

Mostraron tanto interés en desarmar resistencias a esta reforma que la cuenta de Twitter oficial del PRO lo sentó al jefe de Gabinete de Acuña, Manuel Vidal, a explicar didácticamente cada punto de la ley. Lo principal que planteó es que el actual Estatuto Docente le da “demasiado peso de la antigüedad por sobre la capacitación. No puede ser que el paso del tiempo tenga más importancia que la capacitación de un docente”. Sostuvo que para ganar más, los docentes deben pasar a cargos directivos y dejar el aula.

Ahora para ganar más deberán “capacitarse permanentemente”. Es decir, sumar cursos y papers para conseguir cobrar incentivos económicos. Mi duda central sobre esto es: ¿funcionará bien? ¿O redundará en un sistema de reunir papers y cursos para poder alcanzar un sueldo razonable? Esta es la médula de la discusión: ¿el Estado porteño pagará más docentes para reemplazar el tiempo que los actuales pasen capacitándose? ¿O será un sistema donde se recargan los tiempos de cada docente? Es decir, ¿en qué medida, si un docente debe pasar tiempo capacitándose (cosa que nadie discute), eso se compatibiliza con las horas que debe pasar preparando y dando las clases y corrigiendo? ¿Y en qué medida la capacitación es opcional o es necesario para lograr un sueldo mínimo? Algunas preguntas que me hago.

En una segunda demostración del enorme interés que tienen en esta reforma, Acuña se dignó a ir a la Legislatura por primera vez en casi cuatro años. Remarcó que la reforma es necesaria para que la capacitación no “quede librada a la voluntad personal”. Las respuestas de la oposición las escuchó con una sonrisa dibujada en la cara.

Por ejemplo, la legisladora del Frente de Todos, María Bielli, le recordó que “la última vez que estuvo la ministra en esta legislatura fue en 28 de octubre de 2018, intentando defender un proyecto del 17 por ciento para educación. Nunca más volvió. Unos días después se votó el proyecto de UNICABA, que lo votó solo el PRO, que intentaba dar por tierra con los Institutos de Formación Docente”. “No contamos con su presencia para que nos dijera por qué en plena pandemia se dieron de baja licitaciones de escuelas. Tampoco contamos con su presencia, ministra, para saber por qué, en plena pandemia, decidieron redireccionar 350 millones de pesos del Plan Sarmiento a la educación privada. Tampoco la ministra nos explicó por qué recortaron el 67 por ciento del presupuesto de infraestructura escolar. Me gustaría saber si la ministra reconoce el problema de las vacantes. ¿Creen que 56 mil vacantes no es el número? ¿Cómo no pueden decirnos cuántas vacantes faltan?”, se preguntó Bielli.

Por su parte, la legisladora Laura Velasco pidió “ver la letra chica de dónde, cómo y cuándo; cómo se va a valorizar la capacitación en servicio, la Escuela de Maestros, los Institutos de Formación Docente tan prestigiosos de la Ciudad de Buenos Aires, qué gremios o no; porque muchas veces se ha ponderado el puntaje de una carrera muy flojita de papeles que daba no sé quién y de pronto no tenía el mismo puntaje una carrera universitaria de la UBA”.

Velasco afirmó: “Soy docente, con la máxima antigüedad en la Ciudad, así que conozco muy bien la situación. Por eso me parece fundamental que observemos todas aquellas áreas que hoy no están siendo integradas, para poder darles una continuidad y una estabilidad laboral, con los mismos derechos que a otros trabajadores y trabajadoras de la Educación. Por ejemplo, la semana pasada me reuní con representantes del programa Vínculos Saludables, que ya tiene 10 años y trabajan en convivencia escolar, pero hay muchísimos sectores que dependen de Educación y hoy están precarizados”.

De hecho, uno de los planteos de UTE-CTERA fue que el proyecto "omite de manera insólita en la titularización masiva a miles de trabajadorxs que se desempeñan en los 32 programas socioeducativos". "Exigimos a lxs legisladorxs la inclusión de toda el área en la ley y así poder terminar con años de inestabilidad laboral", señalaron en un comunicado.

La titular de ese gremio, Angélica Graciano, advirtió que el proyecto impulsado por el Gobierno local “tiene contradicciones”. “Queremos saber con qué presupuesto se va a hacer frente al proyecto porque el presupuesto destinado a Educación está en baja. Se llama ´de fortalecimiento de la carrera docente´, pero no se está fortaleciendo, sino que se agregan figuras, como la del maestro especialista, pero sin la precisión de cuál va a ser su tarea”. Advirtió que mucho del proyecto tiene una "retórica que aparece como progresista pero en la que, en realidad, no están dadas las garantías que necesitamos: el acceso igualitario a los cargos, la permanencia en los cargos y la posibilidad de promoción".

El debate está abierto. Lo que está claro es que el Gobierno porteño quiere que salga y con el menor ruido posible.