FONDOS PÚBLICOS

En el gobierno esperan que la justicia “tome en cuenta” la voz de las provincias en la disputa por la coparticipación

Así lo expresó esta mañana la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, al referirse a la disputa por la coparticipación de Nación y ciudad. El 26 de abril vence el plazo que dio la Corte Suprema para llegar a un acuerdo entre las partes.


La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, opinó esta mañana respecto a la disputa por la coparticipación entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, y pidió que la justicia “tome en cuenta” la postura de las provincias al momento de ratificar una decisión.

Este miércoles 19 jefes provinciales se reunieron con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur y con el Ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, para manifestar su postura contraria a los deseos del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Una vez finalizado el encuentro, los gobernadores resolvieron realizar una presentación ante el Máximo Tribunal de Justicia para sostener que un fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires sería “un atropello” al resto de las administraciones.

Por su parte, De Pedro expresó: “El monto transferido a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del traspaso de la Policía Federal es más del doble que el costo de la Policía Federal. El Gobierno está garantizando el funcionamiento del traspaso de la fuerza a la Ciudad y que hay una ley que garantiza ese traspaso”.

Cabe destacar que lo que discuten la Ciudad y Nación es el diferendo de coparticipación en relación a los fondos que el expresidente Mauricio Macri le transfirió por decreto al territorio porteño para financiar el traspaso de la Policía a ese distrito.

Asimismo, el actual mandatario, Alberto Fernández, durante el 2020 revirtió esa decisión y dispuso el giro de esos fondos a la provincia de Buenos Aires, en medio del grave levantamiento policial que tuvo lugar por aquellos días.

Los cruces y definiciones que se dan por estas fechas, están inmersos en el período de 30 días hábiles que ordenó la Corte Suprema para que las partes lleguen a una solución política. Dicho plazo vence el 26 de abril, en caso de no llegar a buen puerto, será el Máximo Tribunal el que resuelva.

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