Denuncian que la aplicación del reconocimiento facial en la Ciudad “pone en riesgo derechos”

El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad (Stjcba) rechazó, por mayoría de sus miembros, la admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) contra la aplicación del reconocimiento facial en la Ciudad.
 
La asociación expresó su "más profunda preocupación" ante esta decisión judicial y emitió un comunicado  contra la vigencia de la ley que, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, establece el sistema de reconocimiento facial en la vía pública.
 
Allí indicó que la negativa de debatir la legalidad de la medida "pone en riesgo derechos como la privacidad, la no discriminación, la libertad de expresión, reunión y asociación".
 
El 23 de marzo último, los jueces del Tsjcba, Santiago Otamendi, Inés Weinberg y Marcela De Langhe, impusieron sus votos contra el pedido de la ADC, mientras que Alicia Ruiz y Luis Lozano, en disidencia, se pronunciaron por dar trámite al planteo presentado en 2019, previo al trámite legislativo en esta ciudad.
 
Según consignó Télam, en septiembre de 2020, la Legislatura incorporó el sistema de reconocimiento facial, una tecnología biométrica que permite identificar a las personas mediante los rasgos de su rostro, a la ley de seguridad pública "a pesar de las recomendaciones de la ADC y otras organizaciones de derechos humanos", sostuvo la entidad.
 
Para la ADC "la tecnología es imprecisa y arroja un alto porcentaje de falsos positivos contra personas de tez no blanca y mujeres", además de otras comunidades en situación de vulnerabilidad.
 
Por medio de la acción de inconstitucionalidad planteada en 2019, la ADC pretendía que se restrinja por completo el uso del reconocimiento facial, con fines de vigilancia, por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad, que ya lo implementó en algunas líneas de subterráneos.
 
"A pesar del revés judicial, la ADC seguirá planteando ante el Poder Judicial de la Ciudad aquellos casos concretos donde algún individuo haya visto conculcados sus derechos por ser sometido al reconocimiento facial", sostuvo el documento.