"El Gran Larreta te vigila", por Werner Pertot

El sistema de identificación facial, un programa que –a lo Minority Report- escanea rostros a través de todas las cámaras de la Ciudad quedó en el centro de una polémica cuando la semana pasada se descubrió en una causa judicial que, lejos de usarlo solo para los prófugos, había registros de dirigentes políticos, empresarios, periodistas (y la lista sigue). Ningún funcionario del Gobierno porteño pudo dar hasta ahora una respuesta convincente de por qué aparecían esos registros en un sistema que –se supone- debía ser utilizado para reconocer y detener a personas prófugas. Los números tampoco ayudan: si ese grupo de personas no llega los 50 mil, había 7 millones de personas registradas por el sistema. Es la primera vez que un presunto caso de espionaje no recae sobre Mauricio Macri, sino sobre Horacio Rodríguez Larreta.

Todo comenzó hace dos semanas cuando Larreta se lanzó a cuestionar a los movimientos sociales y su Gobierno ofreció el sistema el sistema de identificación biométrica a través de cámaras de seguridad para que se identificara a los manifestantes y se les quitara el programa social del que eran sujetos de derecho. Fue la primera advertencia de que ese sistema podía ser usado para algo distinto a lo que plantea la ley.

En base a una denuncia del el Observatorio de Derecho Informático Argentino, el juez Andrés Gallardo comenzó una investigación desde el fuero contencioso porteño, que terminó en un allanamiento al ministerio de Seguridad. El objetivo era ordenar al Gobierno porteño que se abstenga de usar un sistema para penalizar a personas que están ejerciendo sus derechos constitucionales. Pero el juez encontró algo mucho peor.

Descubrió que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño había accedido a los datos biométricos de 7 millones de personas de manera irregular. Para explicar cómo llegó a esa información, es necesario remitirnos al momento en que se aprobó el sistema biométrico. Fue por una resolución de Larreta (aunque, ante la polémica que se generó, luego el jefe de Gobierno consiguió una ley de la Legislatura porteña). El objetivo era detectar a los prófugos, por lo que el Gobierno porteño hizo en 2019 un acuerdo con el nacional –en ese momento, a cargo de Mauricio Macri para acceder a la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). La base en cuestión no supera las 50 mil personas. Ahí tenían los datos sobre los prófugos.

Pero, según descubrió el juez Gallardo, hubo un segundo acuerdo para acceder al Registro Nacional de las Personas (Renaper), donde no están solo los prófugos sino todos los habitantes registrados. En ese registro, el Gobierno nacional encontró 10 millones de consultas por parte de la Ciudad a los registros biométricos, lo cual supera largamente los 50 mil prófugos.

Pero cuando el juez hiló fino sobre los nombres, todo fue peor: aparecen el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Además, figuran dirigentes sociales como Eduardo Belliboni, Juan Grabois o la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman. Es decir, a quienes les apuntaba Larreta con su diatriba de la semana pasada.

Más llamativas son las de la fiscal Gabriela Boquin –la que le arruinó a Macri la condonación de la deuda del Correo-, la ex procuradora Alejandra Gils Carbó –a quien forzaron a renunciar con amenazas-, de Raúl Zaffaroni o el actual juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Además figuran empresarios como Paolo Rocca, Eduardo Elsztain, Marcos Galperín, Héctor Magnetto, Alejandro Pedro Bulgheroni, Eduardo Costantini, Jorge Gregorio Pérez Companc, Hugo Sigman, Alberto y Alfredo Roemmers. Y conductores de televisión como Joaquín Morales Solá, Viviana Canosa y Eduardo Feinmann.

Pero además hay datos de los propios: Patricia Bullrich (adversaria de Larreta en la interna), Elisa Carrió (socia inestable de Larreta), y otros aliados de Larreta en los que no confía demasiado, como el radical Emiliano Yacobitti. También aparece Javier Milei, que se está lanzando como candidato a presidente y que cuestionó que lo espiaran.

Las explicaciones del Gobierno porteño, hasta ahora, fueron pobres: el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, dijo que el juez se hizo “una ensalada” porquelas búsquedas hechas en el Renaper no solo obedecen a personas buscadas por la Justicia, sino que “responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia”. No explicó cuáles serían esos trámites. Otros dirigentes de Larreta prefirieron descalificar la investigación como “una burda operación del kirchnerismo”. Los adjetivos descalificativos, para tragedia de Larreta, no disuelven los documentos ni las evidencias. También se dijo que con ese sistema se atraparon 1.600 prófugos, lo cual no exime al Gobierno porteño de responsabilidad si hubo un uso ilegal del sistema.

Después del allanamiento que ordenó al Ministerio de Seguridad porteño, el juez Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial y ordenó una serie de medidas para constatar con qué fines fueron solicitados los datos biométricos de millones de personas. El ministro de Seguridad ya está intimado a responder para qué pedían esos datos.

Más allá del devenir judicial de esta causa, lo que debería alertarnos esto es sobre el riesgo que hay en nuestro derecho a la privacidad. Ya cuando se sancionó la ley de registro biométrico, el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, dijo que el uso de vigilancia masiva era desproporcionado para buscar a 50 mil personas: se afectaba el derecho a la privacidad de millones con el objetivo de atrapar unos miles.

La cuestión está abierta a discusión y no sería un mal momento para revisar esa ley, que permite que estemos todos con el ojo del Gran Hermano sobre nosotros.